En Washington, D.C. y tal vez en otras partes de los Estados Unidos, acusados Colombianos están siendo inculpados de un delito que no necesariamente han cometido. Se están declarando culpable de haber importado cocaína cuando lo que han hecho solamente es distribuir cocaína en Colombia, lo cual es un delito en Colombia, pero no en los Estados Unidos. Estos mismos Colombianos colaboran con el gobierno Americano por miedo de que les den una larga condena y acusan a otros Colombianos que tampoco han cometido este delito.
El gobierno Colombiano permite que esto suceda porque no le exigen al gobierno Americano que le muestre pruebas de la importación. Así es como funciona esto: La CNP o la SIU investiga un grupo de personas interceptando sus llamadas telefónicas y obtienendo suficiente evidencia para procesar a estas personas por traficar en drogas o por lavado de dinero. Pero en vez de procecarlas en Colombia, le entregan la evidencia al gobierno Americano, el cual formalmente solicita “asistencia judicial” como si siempre hubiera tenido interés en el caso.
Desde luego, antes de la investigación, el gobierno Americano no estaba interesado en estos Colombianos. En muchos casos, incluso no los conocían. El problema es que el gobierno Americano tiene que tener pruebas que los narcotraficantes tenían el conocimiento que estaban exportando la cocaína a los Estados Unidos. El gobierno Americano no tiene derecho a extraditar un narcotraficante simplemente porque es narcotraficante. El traficar narcóticos es un delito en los Estados Unidos solamente si el narcotraficante tiene el conocimiento que sus drogas están viniendo a los Estados Unidos.
Además el gobierno Americano no puede justificar su solicitud de extradición indicando que todos los narcotraficantes en Colombia “saben” que los narcóticos que distribuyen en Colombia van a los Estados Unidos o a Puerto Rico . La ley en los Estados Unidos requiere que la fiscalía realmente muestre pruebas que los traficantes de drogas tenían el conocimiento.
En el caso de Samuel Lopesierra, también conocido como “El Hombre Marlboro,” nueve personas fueron extraditadas. Algunas realmente eran narcotraficantes que vendían sus drogas en Colombia y en Venezuela. Otras eran lavadores de dinero y no tenían ninguna conexión directa a los narcóticos.
Sin embargo, la mayoría de estas personas se hicieron culpables de haber tenido el conocimiento que los narcóticos venían a los Estados Unidos, cuál era de hecho falso, y aún esas personas que podían decir que eran culpables, se incriminaron ellos mismos ofreciendo evidencia al gobierno Americano de la cual no estaba enterado. Escandalosamente, los que eran lavadores de dinero se hicieron culpables también y colaboraron. Uno tiene que estar bastante atemorizado para hacerse culpable de un delito que no ha cometido. Los fiscales saben esto y capitalizan en ese temor.
NO SE DECLAREN CULPABLES hasta que no hayan tenido la oportunidad de estudiar las pruebas que tienen con la asistencia de un abogado Americano que tampoco tenga temor y que sepa lo que está hacienda. Ustedes no se lastimarán por retardar su decisión.
La evidencia contra Lopesierra vino exclusivamente de las personas que fueron extraditadas con él. No había evidencia de Colombia. Habían grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas pero sin la colaboración de estos coacusados las grabaciones no significaban nada.
Ahora, no puedo estar seguro de cómo funcionan las cosas en otras jurisdicciones, pero deben estar enterados de lo que está ocurriendo en Washington, D.C. Actualmente hay un caso en este mismo distrito donde la única evidencia que tienen de un pobre paisa (Me han informado que él todavía está en Cómbita) es que falsificó un pasaporte, lo cual absolutamente no es un delito contra los Estados Unidos. Pero lo están extraditando por un cargo de importación. Y ya veremos que el pobre hombre probablemente va a hacerse culpable y va a colaborar.
Examinen bien las pruebas que tienen contra ustedes, y no dejen que su temor afecte su juicio. Un caso tradicional de importación debe ser caracterizado así: unas personas de una “oficina” son detenidas en Nueva York. Indican que un tal, Juan Perez, de Cali, es el jefe. Existen conversaciones grabadas de Juan Perez en Colombia hablando de narcóticos con sus trabajadores en Nueva York. Este es en efecto un caso de importación legítimo. Comienza desde los Estados Unidos. El gobierno Americano lo investiga. Las personas son detenidas en los Estados Unidos. Puede ser que hayan incautado narcóticos en los Estados Unidos. Este es un caso que el gobierno Americano tiene todo derecho de procesar.
Díganles a sus abogados en Colombia que ellos deben informar a los tribunales de extradición en Colombia que es un grave error hacer deciciones basadas solamente en el lenguaje de la acusacion formal.
Colombia necesita cambiar sus leyes para que le exigan al gobierno Americano que les muestre pruebas, aunque sean pocas pruebas, de importación. Aceptando solamente la declaración jurada del agente en causas de importación no es suficiente. Esto incita la idea cínica que tienen muchos Americanos de que Colombia decepciona a su propia gente. En la precipitación de deshacerse de los tiburones, permite que los pececillos inofensivos también sean extraditados y separados de sus familias.