La regla de exclusión de pruebas fue una regla establecida por jueces que excluía la presentación de pruebas en juicio cuando éstas hubieran sido confiscadas u obtenidas de forma ilegal. Las pruebas podrían ser drogas confiscadas de un apartamento sin una orden judicial o sin motivo fundado para sustentar una inspección. O podría ser una confesión obtenida sin el beneficio de advertencias hechas al acusado de que él tenía el derecho de permanecer en silencio.
Dicha regla fue puesta en efecto porque los tribunales sintieron, y la historia mostró, que las agencias policiales violaban rutinariamente los derechos constitucionales de los acusados. Para los policías, la noción era que unos pocos acusados tendrían los recursos para demandarlos en un tribunal porque hacer esto tomaba considerable planeación. Y aún cuando algunos acusados se atrevieron a demandar a policías, éstos raramente ganaban sus casos, ya que por definición los policías eran los buenos y los acusados eran los malos. Así que las violaciones continuaron incesantemente y con impunidad. Eventualmente, la Corte Suprema creó una “regla de exclusión de pruebas.” Si usted viola los derechos constitucionales de un acusado, usted pierde todos los beneficios de las pruebas que usted confiscó como resultado de haber violado esos derechos.
Pero aparentemente la regla de exclusión de pruebas ha emergido para una segunda revisión, notablemente en un caso llamado Herring v. United States, 129 S. Ct. 695 (2009) que fue decidido por la Corte Suprema en junio de 2009. En Herring, el acusado fue arrestado erróneamente después de que la “contabilidad negligente” del departamento de policía resultara en que un policía pensara que había una orden de arresto pendiente contra el acusado. La Corte Suprema mantuvo que esto violó la Cuarta Enmienda a la Constitución, pero que la regla de exclusión de pruebas no debería aplicar porque no serviría el propósito de “impedir las violaciones de la Cuarta Enmienda en el futuro.”
De acuerdo al circuito, Herring requiere que un tribunal del distrito conduzca un “análisis costo-beneficio” para decidir si “la fuerza disuasiva de aplicar la regla de exclusión pesa más que el costo de aplicar la regla.” Así que no todas las violaciones constitucionales servirán como una base automática para la exclusión de pruebas.
Un tiempo atrás, en junio, en un caso llamado Julius, después de encontrar una violación de la Cuarta Enmienda, el circuito remitió el caso al tribunal inferior para que el tribunal del distrito condujera un análisis costo-beneficio para decidir si la regla de exclusión de pruebas se debería aplicar. Aquí, el tribunal tomó a Julius aun más lejos, haciendo su propio análisis y concluyendo que la regla de exclusión de pruebas no debería aplicar.
Antecedentes
Policías del norte del estado sospechaban que el acusado ultrajaba niños locales. Antes de arrestarlo, los oficiales obtuvieron una orden de allanamiento de su apartamento. Aunque los materiales que respaldaban la orden especificaban el tipo de ofensas de las cuales se sospechaba al acusado y los artículos buscados en particular, la orden misma no incluyó dichos detalles ni tampoco incorporó los materiales de respaldo.
Al final, el individuo fue acusado en el tribunal federal del delito de producir pornografía infantil, con base en materiales incautados durante el allanamiento. El presentó una moción para suprimir con base, entre otras cosas, en un reclamo de que la orden de allanamiento carecía de particularidad. Después de que el distrito rechazara la moción, el se declaró culpable conforme a un acuerdo de culpabilidad condicional, y fue sentenciado a 120 años de encarcelamiento.
La opinión del Circuito
1. La orden de allanamiento era inválida
La orden de allanamiento aquí definitivamente violó el requerimiento de particularidad de la Cuarta Enmienda. Dicha orden “carecía de la particularidad requisita para permitir una búsqueda estratégica de los medios de información electrónicos del acusado” porque ésta “falló al no vincular los artículos buscados e incautados con la actividad criminal sospechada.” Tampoco importó que la solicitud de la orden judicial fuera suficientemente particular; la orden misma era contundentemente inválida – “documentos no anexados, no incorporados” no podrían “curar una orden de allanamiento defectiva de por sí.”
2. La regla de exclusión de pruebas no aplica
Sin embargo, después de aplicar un análisis costo-beneficio Herring, el Circuito afirmó: Primero, que un “oficial de policía entrenado razonablemente bien” no sería “acusado de saber que este allanamiento era ilegal” bajo las circunstancias aquí presentes. Segundo, que los documentos no anexados, no incorporados indicaban que los oficiales actuaron de buena fe. Dichos materiales fueron compilados en un corto tiempo, y aclaraban el propósito del allanamiento. El oficial declarante también asistió en el allanamiento, y por ese motivo contaba con una “íntima familiaridad con los límites contemplados del allanamiento.” Finalmente, no hubieron pruebas que los oficiales buscaron o artículos incautados que no estuvieran relacionados con los crímenes por los cuales se había mostrado motivo fundado, o que el declarante “de alguna forma engañó a las autoridades de la ciudad con respecto a los hechos de la investigación y el alcance pretendido del allanamiento.”
* Gracias al Blog del Segundo Circuito, escrito por los Defensores de Oficio Federales de la Ciudad de Nueva York.