El hacinamiento carcelario ha alcanzado un estado de crisis: este es el legado de la guerra contra las drogas y las largas sentencias mandatorias.
El gobierno federal puede tomar un paso importante para ayudar a que los estados cumplan: deportar a los numerosos criminales extranjeros antes de que entren a la prisión, no después.
Los criminales no ciudadanos representan un porcentaje significativo de los presos norteamericanos: en 2009, un 25 por ciento de los presos federales y una fracción menor de los presos estatales eran no ciudadanos; en California, 18.705 presos eran no ciudadanos. Aunque el gobierno federal puede deportar a muchos de ellos tan pronto como sus convicciones criminales sean finalizadas, una ley establecida hace un siglo provee que los inmigrantes pueden ser deportados solamente después de que hayan servido sus sentencias aquí.
Dicha provisión, la cual tiene como propósito asegurarse de que los criminales sean castigados, fue promulgada en 1917. Afortunadamente, la ley actualmente contiene una laguna jurídica potencialmente útil: los criminales sujetos a la deportación pueden ser deportados sin servir sus sentencias completas si han cometido ofensas no violentas (con algunas excepciones), y si los oficiales apropiados solicitan la deportación temprana.
A pesar de lo simple que parece, esta excepción ha sido empleada raramente. Los gobiernos federales y estatales deberían usarla para remover tantos criminales sujetos a la deportación de sus poblaciones carcelarias como sea posible.
Otras opciones ya han sido intentadas y han resultado inadecuadas. Construir nuevas prisiones y emplear más guardias es costoso e impopular; la libertad vigilada y la libertad provisional tienen sus limites. Cambios estructurales, tales como la despenalización de las ofensas no violentas y la reducción de las sentencias son reformas prometedoras pero son difíciles de concretar políticamente. Acelerar la deportación de los criminales que eventualmente serán deportados de todas formas no acabaría el problema de hacinamiento carcelario, pero sin lugar a dudas ayudaría.
Por Peter H. Schuck
Publicado el 6 de diciembre de 2010
Peter H. Schuck, profesor de leyes, Yale University
Esperemos que alguien en Washington esté escuchando. – David Zapp