Por Hannah Stone | Wednesday, 10 August 2011
La extradición para enfrentarse a juicio en los Estados Unidos, algo que por mucho tiempo ha sido el mayor miedo de los narcotraficantes colombianos, ahora podría ser una opción más llevadera, una que ofrece tiempos de encarcelamiento más cortos y hasta impunidad para criminales.
El primer tratado gobernando la extradición de colombianos a los Estados Unidos, la mayoría por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tomó efecto en 1982. Este fue sujeto de oposición feroz por parte de intereses criminales, especialmente Pablo Escobar, quien trató de forzar al gobierno a que bloqueara la medida por medio de asesinatos estratégicos y ataques de bombardeo. En 1991, en parte como resultado de esta presión, una constitución nueva prohibió la extradición de ciudadanos colombianos, pero esta medida fue revocada en 1997. Menos de 400 colombianos fueron extraditados en los primeros años luego de la reintroducción de la extradición, pero más de 1,100 fueron extraditados durante la presidencia de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010.
El prospecto de la extradición era odiado y temido por los criminales de Colombia. En cárceles del extranjero, así como lejos de sus familias, ellos no podrían ejercer el tipo de influencia que pudieran hacer en el sistema de justicia débil y corrupto de Colombia. Pero de acuerdo a un reporte en el diario colombiano El Tiempo, los criminales colombianos están escogiendo cada vez más no oponerse a la extradición. Uno de los motivos, de acuerdo al diario, es que el tiempo gastado oponiéndose al proceso, usualmente dos años, no cuenta para su sentencia en los Estados Unidos, así que la batalla legal podría simplemente alargar el tiempo que ellos pasan tras las rejas. Otra razón que dieron los abogados que hablaron con El Tiempo es que, si los presos escogen no oponerse a la extradición, ellos tienen una mayor posibilidad de obtener concesiones al cooperar con la justicia americana, ya que ellos pueden ofrecer conocimiento actualizado de las actividades de narcotráfico. Este tipo de convenio—proveer inteligencia sobre sus asociados y el negocio del narcotráfico—puede permitirle a los narcotraficantes de alto nivel obtener mayores reducciones de sus sentencias. Esto ha suscitado un cierto nivel de crítica en Colombia. Además, líderes paramilitares que han cometido violaciones de los derechos humanos serias, responsables por ordenar masacres y tortura, se enfrentan solamente a cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Puede ser más fácil para los paramilitares hacer convenios favorables con los Estados Unidos, ya que las autoridades en ese país no están sujetas a la presión pública para castigar a estos hombres de la misma forma que las autoridades colombianas.
Un reciente caso bastante notorio fue la extradición sorpresa de catorce de los más grandes líderes paramilitares, quienes se habían entregado a la justicia colombiana por medio de acuerdos de paz hechos entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los 2000s. El motivo dado fue la incompleta cooperación de los comandantes con el proceso de paz y sus continuas actividades de narcotráfico.
Algunos han sugerido que parte de la razón para la extradición masiva de los líderes paramilitares en 2008 fue un deseo de parte de las autoridades de detener la inundación de detalles salientes a la luz pública con relación a la colaboración de las AUC con los políticos. Información con relación a estos lazos, presentes un una escala mucho mayor de lo que se había sospechado, comenzó a salir al dominio público cuando los jefes paramilitares comenzaron a testificar en contra de los políticos con los que ellos habían tenido tratos, en lo que llegó a conocerse como el escándalo de la “parapolítica.” De hecho, la extradición sí impidió el ofrecimiento de testimonio paramilitar. Hay reportes en los medios de comunicación colombianos que dicen que, dos años después de la extradición masiva, en mayo de 2010, solamente seis de los jefes paramilitares enviados a los Estados Unidos habían testificado en los juzgados colombianos, tal como se había prometido.
Existen varias explicaciones para esto: muchos de los señores de la guerra encarcelados temían por sus familias en Colombia, diciendo que sus familiares no habían recibido la protección que les habían prometido, y podrían sufrir ataques de venganza si el jefe revelaba información sobre sus tratos criminales.
Un reporte publicado por la Universidad de Berkeley en 2010 argumentó que la extradición había resultado en impunidad para muchos líderes paramilitares. En por lo menos siete casos las actas de estos hombres habían sido selladas, así que no hay manera de saber donde están o si todavía se encuentran encarcelados. Esto quiere decir que la justicia Colombiana no tiene acceso a estos hombres, quienes a su vez no testificarán sobre los crímenes horrendos que cometieron en su país. Para muchos que perdieron familiares debido a la atrocidades paramilitares, eso quiere decir que talvez ellos nunca sabrán lo que realmente sucedió con sus familiares, o en qué lugar sus cadáveres fueron arrojados.
En una entrevista reciente con El Tiempo, el Oficial de la Policía Brigadier General Oscar Naranjo defendió el proceso de extradición, negando que éste ofrezca impunidad a criminales. Él dijo que las autoridades colombianas esperan que Estados Unidos comience a compartir más información sobre el paradero de los criminales extraditados, así como cualquier información que éstos hayan brindado. De acuerdo a Naranjo la extradición es un arma vital en contra del crimen, dado que rompe el lazo entre los jefes criminales encarcelados y sus organizaciones, y les impide continuar sus operaciones desde la cárcel. Su argumento es respaldado por muchas incidencias de jefes criminales que continúan ejerciendo poder después de su captura en Colombia. Un ejemplo claro es el de Diego Murillo alias “Don Berna,” quien fue uno de los mayores criminales en Medellín por muchos años. Él continuó dirigiendo el inframundo de la ciudad después de su arresto en 2005, y solamente después de ser enviado a los Estados Unidos se desató una crisis de sucesión en su grupo, La Oficina de Envigado.
La pregunta ahora es qué tan útil continúa siendo la extradición como una herramienta judicial en Colombia, con algunas señales de que está siendo usada cada vez más para fines políticos. Un ejemplo claro es el caso de Walid Makled, un narcotraficante confeso que fue capturado en Colombia en 2010. Ambos Venezuela y los Estados Unidos solicitaron su extradición, pero después de algunos meses de espera, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, concedió la petición de Venezuela. El gobierno de Santos ha ofrecido varias explicaciones para esta decisión, incluyendo que Venezuela había presentado su solicitud primero. Pero parece posible que Bogotá pensó que sería más políticamente oportuno construir lazos con su vecino, con la esperanza de restaurar convenios de mercadeo y de seguridad quebrantados bajo el mando del pasado Presidente Álvaro Uribe. En vista a la creciente presencia de las organizaciones narcotraficantes mexicanas en el territorio colombiano, el recientemente negociado tratado de extradición de Colombia con ese país crea la posibilidad de más casos como el de Makled en el futuro, en los cuales las lealtades del gobierno pueden estar divididas.
La extradición ha probado ser útil en Colombia cuando se ha empleado para separar a los jefes criminales de sus organizaciones. Pero como se indica por el testimonio sellado de los paramilitares en los Estados Unidos, la extradición también ha servido para socavar el proceso largo y difícil de reconciliación de Colombia. De muchas formas, especialmente cuando se trata de las víctimas de los crímenes de derechos humanos de las AUC, la extradición ha obstruido la justicia en vez de avanzarla.