Las Pautas Federales de Sentencia son un esquema de imposición de condenas por medio del cual se asignan niveles conforme a varios factores tales como la naturaleza del crimen, la cantidad de drogas o dinero involucrados en el crimen, el rol tomado por el acusado en el crimen, y si él “aceptó responsabilidad,” lo cual se considera de manera favorable. Cada factor determina niveles, y cuando esos niveles se suman, la suma corresponde a un número de las pautas el cual a su vez corresponde a un rango de tiempo que se usa como una guía para determinar la condena de un acusado. Sin embargo, los tribunales han decidido que dicho rango no es mandatorio sino de “asesoramiento,” así que un juez de hecho podría condenar a alguien por encima o por debajo de lo que recomienda el rango de las pautas.
La Aceptación de Responsabilidad es parte del léxico profesional que se usa para declararse culpable en un tribunal federal y le da el derecho a un acusado de obtener una reducción de “niveles” o “puntos,” como se les refiere informalemente, y consecuentemente reducen la condena. Una reducción de dos niveles es otorgada automáticamente al acusado por declararse culpable, y una tercera es otorgada si el acusado se declara culpable de manera “oportuna,” una determinación que queda exclusivamente en las manos del fiscal, conforme a la ley. Cuánta discreción tiene el fiscal sobre este asunto ha sido raramente debatido o abordado por los tribunales.
Finalmente, un caso ha abordado este asunto del “tercer punto.” Por muchos años, el tercer “punto por aceptación de responsabilidad” o “nivel,” para ser completamente fiel al lenguaje de las pautas – la reducción era virtualmente garantizado. Después la pauta fue enmendada para darle al fiscal el poder de otorgar el tercer punto a su discreción. Desde 1 de noviembre de 2003, la sección enmendada indica que una petición del fiscal debe declarar que “el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o procesamiento de su propia conducta impropia al notificar de manera oportuna a las autoridades de su intención de asentar una declaración de culpable, de tal forma permitiéndole al gobierno evitar prepararse para juicio y permitiéndole al gobierno y al tribunal asignar sus recursos de forma eficiente.” Pero como se podrá ver, dicho poder no es irrestricto, es sujeto al escrutinio, y en realidad no es mucho poder.
El acusado Lee se declaró culpable de una acusación formal drogas de cuatro delitos sin mucha fanfarria. Él después objetó a algunos de los hechos contenidos en el Informe Previo a la Imposición de la Sentencia, tal como tenía derecho de hacer, y el tribunal del distrito programó una audiencia de Fatico (una audiencia en donde las partes deben probar lo que estas contienden). En la noche previa a la audiencia, el acusado retiró todas excepto una de sus objeciones, y una audiencia breve tuvo lugar sobre esa sola objeción, la cual el tribunal resolvió a favor del gobierno. Durante la imposición de la sentencia, el gobierno se rehusó a solicitar la aceptación del tercer punto, a pesar de la objeción de Lee, y el tribunal del distrito se rehusó a imponerla. El tribunal impuso una sentencia muy larga, pero en lo mínimo del rango, con base en el rango resultante por un ajuste de dos niveles.
Al apelar, el tribunal de apelaciones reversó la decisión. Aunque una petición del gobierno es un “prerrequisito necesario” para obtener el tercer punto, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito ahora mantiene que un tribunal del distrito aun puede otorgar el punto si la objeción del gobierno se basa en un motivo inconstitucional, o si un acuerdo de culpabilidad deja el asunto a discreción del gobierno y éste actúa de mala fe.
En el caso presente, no había un acuerdo de culpabilidad (otro acusado más con el suficiente sentido común de declararse culpable de la acusación formal al no estar satisfecho con la oferta del gobierno), entonces solo la primera opción se encontraba disponible, y a pesar de que el circuito encontró que el error era de dimensión constitucional, el tribunal también identificó otra razón para otorgar el punto: la posición del gobierno era no solo inconstitucional, sino de hecho “ilegal.” La denegación no era permitida por la misma pauta del “tercer punto,” la cual solo se trata de evitar prepararse para “juicio.”
Aunque Lee le dejó al gobierno la carga de presentar sus pruebas en una audiencia Fatico (en la cual prueban sus acusaciones para propósitos de imposición de la condena), él se declaró culpable indisputablemente de manera oportuna y “evitó que el gobierno tuviera que prepararse para juicio.” Por lo tanto, bajo el “lenguaje directo” de la pauta, la “denegación del gobierno no se justificaba.” El tribunal también notó que el comentario a la Pauta, § 3E1.1 – la cual es legalmente vinculante para los tribunales – también limita la determinación concerniente al ahorro de recursos por parte del gobierno al evitar prepararse para juicio. Así que el mensaje es, que hay más flexibilidad para obtener el tercer punto de lo que un acusado pudiera pensar. En mi experiencia, la mayoría de los fiscales se acomodan a esta flexibilidad, frecuentemente otorgando el tercer punto de todas formas, aun cuando una declaración de culpabilidad es asentada después del plazo límite para hacerlo.
Finalmente, y de forma aún más interesante – ver los comentarios más adelante – el tribunal también mantuvo que un acusado tiene un “derecho al debido proceso para disputar errores en el Informe Previo a la Condena (PSR en su sigla en inglés) que puedan afectar su condena” – y que “un acusado no debería ser penalizado por hacerlo.” Si existe una “disputa de buena fe” concerniente a un hecho significativo en el PSR, “la petición del acusado de que la disputa sea resuelta no es una razón permisible para que el gobierno se rehúse a presentar la petición § 3E1.1(b), aun si la resolución de la disputa requiere una audiencia probatoria. El tribunal, no el gobierno, impone la condena, y el tribunal tiene derecho a un registro correcto y completo – como también lo tienen las partes.”
Comentario
Esta opinión suscita varios asuntos interesantes. Primero, esta obliga a considerar la rareza del esquema entero de aceptación de responsabilidad. Una condena está supuesta a ser consistente con los objetivos de la imposición de la condena expuestos en § 3553(a)(2), y ninguno de esos objetivos parece tener nada que ver con si el gobierno – y también el tribunal – tuvo algún inconveniente por la necesidad de prepararse para, o siquiera para conducir un juicio.
Un segundo punto importante es el siguiente: desde que las pautas se implementaron, el circuito ha adoptado la ficción de que el institucionalizar condenas más cortas para acusados que se declaran culpables no “castiga” el ir a juicio, lo cual sería inconstitucional, sino que “recompensa” el declararse culpable, lo cual no es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, por supuesto, o por lo menos ninguna que se pueda expresar. Y esta decisión claramente derrota por completo ese tipo de razonamiento, dado que ésta expresamente mantiene que el denegarle a un acusado el tercer punto por desafiar un hecho significativo concerniente a la imposición de la condena – o por lo menos hacerlo de “buena fe” lo “castiga” por hacerlo. Esta decisión, por lo tanto, debe abrirle la puerta a un argumento similar de que un acusado que se va a juicio con un reclamo de “buena fe” que él debería ser absuelto tiene derecho a todos los tres puntos por aceptación de responsabilidad.
Finalmente, una revisión detallada al razonamiento del lenguaje del tercer punto revela aun otra rareza. El propósito expreso de la enmienda es ayudar a conservar los recursos de ambos el gobierno y el tribunal. Aunque es verdad que el gobierno es quien mejor sabe si ha gastado recursos, éste no se encuentra en una posición mejor que la del tribunal mismo para saber si el tribunal sufrió algún inconveniente por una declaración de culpabilidad tardía. Por lo tanto, la pauta le debe permitir al tribunal otorgar el tercer punto por sí mismo si éste concluye que ningún recurso judicial significativo fue consumido por una declaración de culpable tardía.
Otro punto es que pese a las acciones del fiscal, un juez diestro siempre puede resolver este asunto al imponer una condena por fuera de las Pautas.
Agradecimientos a Steve Stasinger del Despacho de los Defensores de Oficio de Nueva York, quien escribió este artículo.
David@davidzapp.com