Publicado en el diario The New York Times el 19 de agosto de 2012
Rachel E. Barkow es profesora de políticas regulatorias y directora de la facultad en el Centro de Administración de Leyes Penales en la Universidad de Nueva York.
Prácticamente existe un consenso de que los fiscales federales tienen demasiado poder. Dado que muchas leyes federales gobiernan comportamientos similares y están escritas de forma general, los fiscales generalmente tienen múltiples cargos de los cuales escoger. Por lo tanto, ellos puede amenazar a acusados –y de hecho lo hacen—que deciden ejercitar su derecho a juicio de imputarles cargos que conlleven condenas más severas (a veces de más décadas) que los cargos que ellos presentarían si los acusados se declararan culpables. En promedio, los acusados federales que se rehúsan a renunciar a su derecho a un juicio por jurado reciben una condena tres veces más larga que aquellos que se declaran culpables. Y con la prevalencia de las leyes de las condenas mínimas mandatorias, la decisión de los cargos que tome un fiscal frecuentemente dictamina la condena que un juez no tiene la capacidad de eludir. Entonces no sorprende que el 97% de las convicciones federales provienen de declaraciones de culpable.
Para restringir ese poder, el Congreso debería dejar de aprobar leyes concernientes a las condenas mínimas mandatorias. En vez de eliminar la disparidad a través de la restricción de la discreción judicial (su supuesto propósito), hay estudios que demuestran que las condenas mínimas mandatorias simplemente apoderan a los fiscales (quienes presentan los cargos que conllevan esas condenas mínimas mandatorias aplicadas desproporcionadamente a acusados de razas minoritarias.)
Los jueces deberían escudriñar que cargos un fiscal puede presentar si el acusado decidiera ir a juicio en vez de declararse culpable, para asegurarse que los cargos con los que se amenaza al acusado no conlleven una condena desproporcionada a la conducta del acusado. Las declaraciones de culpable deben ser voluntarias, y algunas amenazas son indebidamente coercidas.
Además, los fiscales deberían asegurarse de que el fiscal que investiga un caso y quien sería el responsable de llevarlo a juicio no tome la decisión sobre los cargos imputados. Un par de ojos distintos debería asegurarse de que los cargos con los que se amenaza al acusado conlleven una condena proporcional a su conducta, y no sean un castigo por ejercer el derecho constitucional a juicio por jurado.