By Nancy Gerther
La autora, Nancy Gerther, previa jueza federal, es profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Harvard.
Publicado en el diario The New York Times el 19 de agosto de 2012
Tal como el editorial del New York Times notó, aun en nuestra economía super-mercantil, algunas cosas no deberían ser negociables, pero lo son. Usted puede renunciar a su derecho a juicio por jurado y declararse culpable a cambio de concesiones por parte del fiscal. Y el 97 por ciento de los acusados federales hacen exactamente eso.
Pero tienen que haber límites. Usted no debería renunciar a su derecho a la defensa legal en un acuerdo de culpabilidad; usted no debería negociar su derecho a apelar. Un acusado aceptó declararse culpable ante mí en Massachusetts a cambio de una renuncia a su derecho de apelar. El gobierno insistió que era una renuncia limitada, negociada de manera equitativa; el hombre tenía un abogado. Él podría apelar si yo lo sentenciaba a una condena más larga de la acordada por las partes o hacía un error en la computación de su
categoría de antecedentes penales. Pero si yo, o el funcionario del Departamento de Libertad Vigilada hiciéramos otros errores que pudieran resultar en una condena más baja, no habría una revisión. Él tampoco podría apelar con base en nuevos principios legales; ninguna de las decisiones recientes de la Corte Suprema que han tenido un efecto sísmico en la imposición de condenas o sobre las pruebas lo podría afectar. Significativamente, el gobierno no renunció a ninguno de sus derechos de apelación. Para ellos, algún error mío sería una bonanza.
El derecho a apelar no debería ponerse en el mercado. Al rechazar la renuncia a la apelación, dije que pese a lo “atractiva que era la idea de maximizar el poder de negociación de un acusado a través de permitirle vender lo que sea que él tenga, el mercado de negociaciones de declaraciones de culpabilidad, como cualquier otro mercado, no debería ser tan irregulado que las condiciones esenciales para asegurar la equidad básica sean socavadas.” El Juez John Kane lo puso aún más enfáticamente, contemplando el impacto de renuncias a las apelaciones para revisar condenas en términos de equidad y consistencia.
El tener un abogado no es suficiente. Podría ser un abogado que no comunico la oferta del fiscal o, por ejemplo, que no mencionó las consecuencias de inmigración del acuerdo de culpabilidad, o que simplemente no hizo todo lo que pudo. De hecho, bajo las Pautas de Sentencia actuales, si un abogado es fervoroso, lleva a cabo una investigación previa al juicio, presenta peticiones aseverando los derechos de su cliente, su cliente corre el riesgo de perder “puntos,” bajo el sistema federal de imposición de condenas, lo que podría resultar en una condena aún mayor. De hecho, durante mi carrera de jueza, no era inusual ver que funcionarios del Departamento de Libertad Vigilada descubrieran asuntos que el abogado había omitido en su afán de llegar a un acuerdo. En pocas palabras, seguramente se harán errores.
Este mercado ya no es una parte marginal del sistema de justicia penal. Como el Juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy notó recientemente, esta negociación es el sistema. Las proteccionesprocesalessoninadecuadas, no hay igualdad de condiciones.
Sin embargo, cada tribunal de apelaciones ha encontrado las renuncias a las apelaciones ser constitucionales. Esto no era necesario: la Constitución, después de todo, ni siquiera menciona las negociaciones de culpabilidad. Es un asunto de equidad. En vez de proteger a los acusados, tal como deberían hacerlo, los tribunales de apelaciones han permitido que un gobierno bien armada pueda exigir más.