Editorial del diario The New York Times, publicado el 5 de enero de 2013
Barack Obama rara vez ha ejercitado el don de la clemencia presidencial para otorgar perdones y restaurar los derechos civiles de delincuentes convictos, un poder que Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt y otros presidentes usaron con dedicación para corregir las injusticias del sistema legal.
El Sr. Obama solo ha perdonado a 22 personas, menos que cualquier otro presidente desde el comienzo de la era moderna de perdones que comenzó en 1900. Él ha concedido el perdón a 1 de cada 50 solicitantes, en comparación a 1 de cada 33 por George W. Bush, 1 de cada 8 por Bill Clinton y 1 de cada 3 por Ronald Reagan.
En parte, esto se considera una reacción a los Presidentes Clinton y Bush, ya que ambos enredaron el poder de perdonar con el clientelismo. Pero el problema básico puede ser que el Sr. Obama permitió incapacitarse a sí mismo por el proceso del perdón mismo. Ese proceso es manejado por el Departamento de Justicia, el cual recibe solicitudes de clemencia y hace recomendaciones a la Casa Blanca.
Presumiblemente, el presidente está dispuesto a usar actos de clemencia para corregir los errores de los sistemas judiciales y de imposición de condenas. Pero no se puede decir lo mismo del Departamento de Justicia, el cual tiene una mentalidad de enjuiciamiento. Este ha socavado el proceso con enormes atrasos y postergaciones, y a veces ven a los perdones como un agravio a los esfuerzos federales de la lucha contra el crimen.
Además, a través de los años, el proceso parece haber sido corrompido por el prejuicio racial. Según la agencia ProPublica documentó en un análisis de los perdones durante la administración de Bush, los blancos se beneficiaron de los perdones cuatro veces más frecuentemente que miembros de otros grupos minoritarios, a pesar de que únicamente los negros representan el 38 por ciento de la población carcelaria federal.
Añadimos que la oficina del perdón es administrada por un abogado nombrado por Bush, Ronald L. Rodgers, cuya conducta profesional ha sido excoriada por el inspector general del mismo Departamento de Justicia y referida al subprocurador para posible acción administrativa. En 2008, al transmitir una propuesta de perdón a la Casa Blanca, el Sr. Rodgers representó incorrectamente tanto la posición del fiscal de los Estados Unidos que hizo la recomendación así como la del fiscal que la apoyó. El preso no fue perdonado.
Una forma simple e inmediata para que el presidente revitalice el proceso de perdones sería escoger a una persona enérgica y de renombre, por ejemplo, un juez federal, para que administre los deberes de perdonar de la administración. Al mismo tiempo, él podría terminar el conflicto de intereses del departamento por medio del reemplazo de la oficina de perdones por una nueva comisión bipartidaria bajo la tutela de la Casa Blanca, otorgándole amplios recursos e independencia real.
Falta mucho por hacer para que la justicia y la clemencia avancen. Muchos presos federales están cumpliendo condenas de encarcelamiento largamente atroces bajo esquemas de condenas mínimas mandatorias. El Sr. Obama podría usar el poder de perdonar para otorgarle clemencia a algunos presos cumpliendo esas largas condenas, hasta que el Congreso reforme aquellas leyes. Él también podría usar ese poder para librar a algunos delincuentes federales que han completado sus términos de prisión de las restricciones legales que les impiden obtener trabajos, viviendas, licencias de negocios y la oportunidad de votar.
Y él podría abordar las consecuencias desafortunadas de las leyes injustas que gobiernan las condenas de drogas. A comienzos de 2011, habían por lo menos 5000 presos federales cumpliendo condenas por crack que eran demasiado más severas que las de crímenes que involucraban cocaína en polvo; en 2010, el Congreso redujo esa disparidad, pero las condenas impuestas previas a la reforma no cambiaron.
En 2003, el Juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy observó que el poder del perdón había sido “drenado de su fuerza moral.” La Constitución le asigna únicamente al presidente el poder de otorgar “perdones por ofensas en contra de los Estados Unidos.” Es hora de que el Sr. Obama ejerza vigorosamente esta responsabilidad singular y majestuosa.