Por Johanna Zapp, Esq.
El artículo a continuación es un editorial editado del diario New York Times. Trata de los obstáculos que estamos encontrando con la Reforma de las Sentencias. Cada vez que visito a mis clientes, me preguntan: ¿Qué es lo último con el cambio en la política por “buen comportamiento”? y sobre otras cosas. Como pueden ver en el artículo presentado abajo, todavía no hay respuestas a preguntas como esa.
La reforma de las sentencias se ha convertido en un punto político candente y cuando eso sucede, lamentablemente, se logra hacer muy poco.
Los obstáculos para la reforma de las Sentencias
Por la Junta Editorial – 17 de febrero de 2015
Durante más de un año, los miembros del Congreso han estado hablando mucho sobre la necesidad de reformar ampliamente las leyes federales rigurosas usadas para los dictados de pena, las cuales son un factor central en la explosión de la población en las prisiones federales.
Es una conversación que se necesita desde hace mucho tiempo, y una de las pocas en las cuales los demócratas y los republicanos encuentran algún acuerdo – pero, hasta ahora, no tienen nada que mostrar al respecto.
En la última sesión, los senadores introdujeron tres proyectos de ley con acuerdos de parte de ambos partidos políticos. Dos propusieron reformas para la parte inicial, como reducir o eliminar las ridículamente largas condenas mínimas obligatorias para algunos delitos de drogas. La otra se enfocó en reparaciones de la parte final, como aumentar las oportunidades para obtener crédito por “buen comportamiento” con el fin de permitir que ciertos prisioneros puedan ser puestos en libertad anticipadamente.
Ninguno de esos proyectos de ley llegó a ninguna parte, pero fue alentador ver que los tres se han vuelto a introducir en el nuevo senado dirigido por los republicanos. Por lo menos así lo fue hasta que se toparon con una piedra en el camino en la forma del senador republicano de Iowa Charles Grassley. El Sr. Grassley, jefe del comité del Poder Judicial, ejerce un gran poder sobre cualquier legislación relacionada con las sentencias.
Su predecesor, el senador demócrata de Vermont Patrick Leahy, es un co-patrocinador del proyecto de ley que va más lejos, el cual permitiría que los jueces hicieran caso omiso a las condenas mínimas obligatorias en ciertas circunstancias.
Pero el Sr. Grassley, por razones que desafían la equidad básica y los datos empíricos, ha permanecido como un oponente a casi toda reducción de esas condenas mínimas. En un discurso este mes durante su uso de la palabra en el senado, él calificó de “benevolentes y, francamente, peligrosos” esos proyectos, y planteó el espectro de que se desbordaran a las calles los narcotraficantes de alto nivel.
El Sr. Grassley está tan equivocado como es de poderoso. Los mínimos obligatorios, de hecho, se han usado para castigar a muchos delincuentes de un nivel más bajo que no eran el blanco que se tenía la intención que fueran.
El proyecto de ley que parece tener la mejor oportunidad de ser aprobado dentro de poco es conocido como la Ley de Correcciones. El nombre en inglés [corrections] es una larga sigla para la supervisión de las correcciones, la reducción de la reincidencia y la eliminación de costos para los contribuyentes en nuestro sistema nacional.
El nombre del proyecto de ley es más ambicioso que sus metas, las cuales incluyen el darle a un grupo limitado de presos la oportunidad de participar en programas educacionales y otros programas a cambio de ser puestos en libertad anticipadamente. (El proyecto no autoriza el financiamiento para estos programas, confiando, entre otras cosas, en los esfuerzos voluntarios de grupos basados en la fe).
La rehabilitación es un objetivo laudable, y debe ser parte de cualquier grupo de reformas de los dictados de pena. Pero el proyecto excluiría a casi la mitad de todos los prisioneros federales – en muchos casos sin evidencia de que planteen un riesgo mayor a la seguridad pública.
El proyecto de ley se basa también en el historial delictivo del prisionero. Esta es una medida legítima cuando se usa estando conscientes de que los agentes del orden público se dirigen a las minorías de un modo desproporcionado. El peligro es que los prisioneros de guante blanco, que con mayor frecuencia son blancos, recibirán los beneficios de la ley mientras que, digamos, los delincuentes de drogas que son desproporcionadamente afroamericanos se quedarían fuera.
Por último, el proyecto de ley empuja el uso de instrumentos para la evaluación de riesgos basados en datos, los cuales suenan inteligentes, pero, de nuevo – porque se basan en factores tales como el historial de empleo de una persona, su vecindario y nivel de estudios – con frecuencia tienen efectos raciales desproporcionados.
Obviamente, cualquier reforma con significado debe incluir tanto reducciones significativas en las condenas y medidas en la parte final que no excluyan injustamente a ciertos grupos.
La reforma de las sentencias es una cuestión grande y complicada, y puede que lleve algún tiempo hacerla correctamente. Sería un error pasar un proyecto incompleto de ley y pretender que se ha hecho el complicado trabajo de una reforma.