NY Times – Por TIMOTHY WILLIAMS 30 de marzo de 2015
Desde que la policía de Pensilvania detuvo a Anthony Kofalt en marzo del año pasado por salir de una tienda Walmart con 21 cajas de tiras de blanqueo dental marca Crest por las que no había pagado, su esposa, Heather, ha gastado $3,000 — como $60 a la semana — en llamadas telefónicas a las prisiones y cárceles donde lo han retenido. El costo de una llamada de 15 minutos es de $12.95, a pesar de que el Sr. Kofalt está en una prisión a solamente unas cuantas horas en automóvil de la casa de su esposa en Franklin, Pa. El costo de una llamada parecida que no sea a una prisión sería de alrededor de 60 centavos. Y cada vez que la Sra. Kofalt deposita $25 en la cuenta telefónica de la prisión, la compañía privada que administra el sistema le cobra $6.95.
Hasta el decenio de 1990, los presos podían hacer y recibir llamadas a sus abogados y miembros de su familia a tarifas similares a aquellas hechas fuera de las paredes de la prisión. Pero el sistema telefónico de la prisión es ahora una industria de $1.2 miles de millones anuales, dominada por unas pocas compañías privadas que administran los teléfonos en las prisiones y cárceles en todos los 50 estados, estableciendo tasas y honorarios que en gran medida exceden los establecidos por los suministradores comerciales regulares. El negocio es tan considerable que ha atraído la atención de las firmas de capital privado. Ahora, después de años de quejas de los grupos defensores de los derechos en las prisiones y las familias de los encarcelados, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está investigando la complejidad financiera de la industria que en gran medida no ha estado regulada.
En el centro de la indagación están los cientos de millones de dólares en cuotas de concesión, conocidas como comisiones, que las compañías telefónicas pagan a los sistemas de prisiones estatales y locales a cambio de contratos exclusivos. Las cuotas ayudan a hacer subir los cargos telefónicos hasta precios tan altos como $1.22 por minuto, y las compañías importantes dicen que necesitan cobrar por lo menos 20 centavos por minuto, comparado con la tasa comercial típica de unos 4 centavos por minuto.
Se espera que la agencia dictamine este año si va a prohibir o no las cuotas de concesión y limitar los costos de las llamadas telefónicas en las prisiones.
Un análisis publicado en el año 2013 por la FCC dijo que las cuotas “han causado que los prisioneros y sus amigos y familiares lo subsidien todo desde el bienestar de los presos hasta los salarios y beneficios, los fondos generales de ingresos del estado y la capacitación del personal” (se ha proporcionado el énfasis).
Añadió “Las compañías compiten no basadas en el precio o la calidad del servicio, sino en el tamaño de la comisión”. La posibilidad de eliminar las cuotas ha encontrado una oposición feroz de las prisiones y las cárceles, así como de los departamentos de los alguaciles y los funcionarios locales.
Global Tel-Link, que controla el 50 por ciento del mercado para las instituciones correccionales, se vendió por mil millones de dólares. Securus, que tiene como el 20 por ciento del mercado, se vendió más recientemente en el año 2013 por $640 millones.
“Están obteniendo ganancias de las personas en situaciones vulnerables”, — dijo Kasie Campbell, que dice que vive pendiente del próximo sueldo para cubrir sus gastos, y tiene que pagar $150 al mes por las llamadas a su marido, Allen, que está en una prisión en Tejas por robar. “El costo es lo que determina cuando puedo hablar con mi esposo y cuando mi hijo puede leerle un libro
La Sra. Campbell, de 33 años de edad, dijo que las cuotas de Securus por el servicio de teléfonos que dan en las prisiones incluye un cargo de $2.40 por procesar su cuenta y de $5 si quiere hacer el pago por teléfono. Securus, de acuerdo con los documentos de la compañía, impone docenas de cuotas por las llamadas y los servicios básicos, que incluyen el establecer, mantener y cerrar una cuenta. Se calcula que las cuotas constituyen un 40 por ciento de la cuenta promedio de un teléfono en la prisión.
En su primera incursión en la regulación de la industria, en febrero de 2014, la FCC le puso un límite de 25 centavos al costo de las llamadas interestatales a las prisiones o desde ellas. Las compañías telefónicas respondieron con un aumento en las cuotas para las llamadas hechas a las prisiones o desde ellas en el mismo estado, que significan como el 90 por ciento de las llamadas de las prisiones y cárceles.
Global Tel-Link y Securus dicen que cualquier límite a la tasa por debajo de unos 20 centavos el minuto les reduciría demasiado profundamente sus márgenes operacionales. Pero los defensores de los prisioneros dicen que un límite de unos 7 centavos el minuto les permitiría a las compañías telefónicas tener una ganancia al mismo tiempo que les proporcionarían más oportunidades a los prisioneros para hablar con sus familiares.
El significado de las comisiones pagadas para ganar un contrato fue ilustrado recientemente en una solicitud del Departamento de Correcciones de Arizona para un nuevo contrato telefónico por cinco años. El sistema de licitaciones del departamento le adjudicó 1250 puntos a la compañía que propuso pagar la cuota de concesión más alta. Todos los otros factores combinados, que incluían los requisitos técnicos, solamente tenían un valor de 300 puntos.
Joymara Coleman, una estudiante universitaria de California que tiene 25 años de edad conoció por primera vez a su padre el verano pasado en la penitenciaría de Luisiana. Ella dijo que el costo de las llamadas telefónicas significó que ha podido hablar con él solamente dos veces desde su visita. Ella dijo que tiene dos hermanos que también están cumpliendo tiempo en prisión. “Soy la primera de mi familia que asiste a la universidad”, dijo la Srta. Coleman. “No tengo dinero. Sencillamente estoy tratando de mantener unida a la familia”.
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Comentario: Repulsivo. Si de verdad hay un castigo divino por el pecado de avaricia, entonces estos inversionistas van a recibir lo que se merecen. Esto es una variante de lo que está sucediendo en Ferguson. No les están poniendo multas a las personas pobres para suplementar los cofres del gobierno, como en Ferguson. Están subiendo las tasas telefónicas para pagar las comisiones ilícitas que le dan al gobierno por permitirles tener el derecho exclusivo de arrancárselas a los pobres.
– David Zapp