La Ley de Reforma de Sentencias y Correcciones es un proyecto de ley que fue aprobado el 22 de octubre de 2015 por un voto bipartito de 15 a 5. Antes de que pueda convertirse en ley, debe pasar a través del senado, debe pasar a través de la cámara de representantes y luego el presidente debe firmar la nueva ley.
Hay una enorme esperanza de que esto vaya a suceder, pero no resulta claro cuándo sucederá. De modo que, diciéndolo claramente, estos cambios no han sido promulgados todavía.
De acuerdo con los proyectos de ley, las condenas obligatorias emitidas actualmente de acuerdo con la ley federal de “tres strikes” para aquellas personas culpadas de tres crímenes relacionados con drogas se reducirían de condenas de cadena perpetua a condenas con un mínimo obligatorio de 25 años. La condena mínima obligatoria para una segunda condena también se reduciría de 20 años a 15. En muchos casos, estos cambios se aplicarían retroactivamente para los reos que estuvieran encarcelados actualmente. Los jueces también tendrían mayor poder discrecional para imponerles condenas por debajo de los mínimos legales a los acusados que no hayan estado involucrados en delitos violentos, no sean conocidos por tenencia de armas de fuego y no sean parte de una “empresa delictiva continuada”.
Los proyectos de ley también reducirían retroactivamente las condenas de presos cuyas penas se dictaron de acuerdo con las pautas extremadamente severas de posesión de base de cocaína (crack), que fueron requeridas por ley federal hasta el año 2011. Desde 1994 hasta 2011, una persona en posesión de sencillamente 5 gramos de base de cocaína (crack) era considerada un criminal culpado de un delito grave, mientras que una persona que se encontrara en posesión de cocaína en polvo tendría que haber tenido 100 gramos en su posesión para recibir una condena similar. En el año 2011, el Congreso aumentó a 28 gramos la cantidad de crack requerida para penas futuras similares, y este proyecto de ley aplicaría ese cambio también a las personas culpadas de posesión de crack antes del año 2011. La condena legal máxima por la tenencia ilícita de un arma de fuego por un criminal convicto se aumentaría según los proyectos de ley de 10 años a 15 años.
– David Zapp y Johanna Zapp