Los acusados criminales tienen un derecho constitucional a abogados efectivos durante negociaciones de culpabilidad, la Corte Suprema dictaminó en miércoles.

Los casos decididos el miércoles respondieron la pregunta: ¿Qué se puede hacer en casos en los cuales la incompetencia de un abogado causa que el cliente rechace un acuerdo de culpabilidad favorable?

Un 97% de convicciones en los tribunales federales fueron resultado de declaraciones de culpable. En 2006, el último año del cual hay datos disponibles, el porcentaje correspondiente en los tribunales estatales fue 94.

“En el sistema de justicia penal de hoy, escribió la Corte, “la negociación de un acuerdo de culpabilidad, es casi siempre el punto crítico para un acusado.” La Corte escribió que las negociaciones de culpabilidad “no es un asunto adjunto al sistema de justicia criminal; sino que de hecho es el sistema de justicia criminal.”

Uno de los casos Missouri v. Frye, No. 10-444, involucró a un acusado que fue incriminado de conducir sin licencia en 2007. Un fiscal le ofreció que se declarara culpable a cambio de una condena de 90 días. Pero el abogado del acusado, en ese momento, dejó de decirle la oferta a su cliente. Después de que la oferta expiró, el acusado se declaró culpable sin ninguna oferta de culpabilidad, y un juez lo sentenció a tres años tras las rejas.

La Corte dijo que el acusado al acusado debió permitírsele tratar de probar que él hubiera aceptado la oferta original. Pero eso fue solamente el comienzo de lo que el abogado hubiera tenido que demostrar para obtener remedios legales. El también hubiera tenido que demostrar que los fiscales no hubieran retirado la oferta más tarde, tal como les era permitido bajo la ley estatal. Finalmente, el acusado hubiera tenido que demostrar que la Corte hubiera aceptado el acuerdo.

El segundo caso, Lafler v. Cooper, No. 10-209, concernió a un acusado que le disparó a una mujer en Detroit en 2003 y después recibió mala asesoría legal. Dado que cuatro de sus balas hirieron a su victima debajo de la cintura, su abogado dijo incorrectamente que el acusado no podría haber sido convicto de asalto con la intención de asesinar.

Con base en ese consejo, el acusado rechazó un acuerdo de culpabilidad que ofrecía una condena de cuatro a siete años. Él fue convicto, y ahora está cumpliendo una condena de 15 a 30 años.

La Corte Suprema rechazó el argumento del fiscal que todo lo que el acusado merecía era un juicio justo.

Un juez federal del distrito en ese caso trató de requerir que los oficiales le proveyeran con el convenio inicial o que lo liberaran. La Corte Suprema dijo que el remedio correcto era requerir que el acuerdo de culpabilidad fuera ofrecido de nuevo y después permitir que el tribunal de primera instancia condenara de nuevo al acusado según a éste le parezca, si él lo acepta. Los Jueces que estuvieron en desacuerdo con la opinión dijeron que esto era “un remedio nunca antes visto en la jurisprudencia americana.”

Un profesor de leyes dijo que las decisiones fueron un gran paso adelante. Pero él admitió que eso puede aumentar la astucia. “Va a ser complicado,” él dijo,” y van a haber muchos acusados que van a decir, después de ser convictos, que ellos realmente hubieran aceptado el acuerdo de culpabilidad.”

La Corte sugirió varias “medidas para ayudar a evitar reclamos tardíos, frívolos, o fabricados.” Entre ellas se encontraba requerir que las ofertas de culpabilidad fueran presentadas por escrito o hechas en audiencia pública.

Mi opinión: Pese a que aplaudo la decisión, no creo que va a tener un impacto contundente. Primero que todo, como la opinión nota,

el 94 por ciento de los acusados se declaran culpables. Así que para ellos esto no es ningún problema. Los abogados obviamente los informaron sobre la declaración de culpabilidad y ellos la aceptaron. Segundo, la mayoría de los abogados dudan irse a juicio antes de explorar otras alternativas. Un juez del distrito federal que se encuentra retirado dijo que en su experiencia la mayoría de los abogados defensores no quieren defender, los fiscales no quieren enjuiciar, los jueces no quieren juzgar. No es una opinión que yo necesariamente comparta, pero que vale la pena considerar.

En pocas palabras: La mayoría de acusados van a continuar desafiando los acuerdos de culpabilidad que aceptaron en vez del acuerdo de culpabilidad que ellos no aceptaron. Como la poeta Ángela Maya dijo alguna vez, las cosas usualmente no son tan buenas como uno piensa, ni tampoco tan malas—algo de consuelo, espero para la opinión disidente en este caso.

Criminal defendants have a constitutional right to effective lawyers during plea negotiations the Supreme Court ruled on Wednesday.

The cases decided Wednesday answered the question: What is to be done in cases in which a lawyer’s incompetence caused the client to reject a favorable plea bargain?

Some 97 percent of convictions in federal courts were the result of guilty pleas. In 2006, the last year for which data was available, the corresponding percentage in state courts was 94.

“In today’s criminal justice system,” the Court wrote, “the negotiation of a plea bargain, is almost always the critical point for a defendant.” The Court wrote that plea bargaining “is not some adjunct to the criminal justice system; it is the criminal justice system.”

One of the cases, Missouri v. Frye, No. 10-444, involved a defendant who was charged with driving without a license in 2007. A prosecutor offered to let him plead guilty in exchange for a 90-day sentence.

But defendant’s lawyer at the time failed to tell his client of the offer. After it expired, defendant pleaded guilty without a plea bargain, and a judge sentenced him to three years.

The Court said that the defendant should have been allowed to try to prove that he would have accepted the original offer. But that was only the beginning of what defendant would have to show to get relief. He would also have to demonstrate that prosecutors would not have later withdrawn the offer had he accepted it, as they were allowed to do under state law. Finally, the defendant would have to show that the court would have accepted the agreement.

The second case, Lafler v. Cooper, No. 10-209, concerned a defendant who shot a woman in Detroit in 2003 and then received bad legal advice. Because all four of his bullets had struck the victim below her waist, his lawyer incorrectly said, defendant could not be convicted of assault with intent to murder.

Based on that advice, defendant rejected a plea bargain that called for a sentence of four to seven years. He was convicted, and is serving 15 to 30 years. The Supreme Court rejected the argument by the prosecutor that a fair trial was all defendant was entitled to.

A federal district judge in that case tried to require officials to provide him with the initial deal or release him. The Supreme Court said the correct remedy was to require the plea deal to be re-offered and then to allow the trial court to resentence defendant as it sees fit if he accepts it. The Justices who disagreed with the opinion said this was “a remedy unheard of in American jurisprudence.”

A law professor said the decisions were a great step forward. But he acknowledged that it may give rise to gamesmanship. “It is going to be tricky,” he said, “and there are going to be a lot of defendants who say after they’re convicted that they really would have taken the plea.”

The Court suggested several “measures to help ensure against late, frivolous or fabricated claims.” Among them were requiring that plea offers be in writing or made in open court.

My take: While I applaud the decision, I do not think it is going to have an overwhelming impact. First of all, as the opinion notes, 94 percent of defendants plead guilty. So for them this is a non-issue. The lawyers obviously advised them of the plea offer and they took it. Second, most lawyers are hesitant to go to trial in the first place. A federal district judge who has since retired said that in his experience defense lawyers don’t want to defend, prosecutors don’t want to prosecute, and judges don’t want to judge, an opinion I don’t necessarily share but food for thought.

Bottom line: Most defendants will continue to challenge the plea agreement they took rather than the agreement they did not take. As the poet, Angela Maya once said and might have said about this opinion: things are not as good as you think or as bad which may be some comfort to the dissenters in this case.

Después de que las pruebas (“el ofrecimiento de pruebas”) es entregado al acusado, el abogado defensor revisará las pruebas y se reunirá con el fiscal. Supongamos que esta reunión no terminara en un acuerdo, ya sea porque el acusado niega su culpabilidad, o porque no puede o no quiere cooperar. Después, todas las partes asistirán a la audiencia sobre el estado del caso programada previamente por el juez. Habiendo sido informado que no habrá una declaración de culpable, el juez entonces establecerá un calendario con las fechas en las que el abogado defensor deberá presentar sus peticiones, cuándo el gobierno debe responder, y cuando el abogado defensor deberá replicar a las respuestas, así como la fecha en la que las partes comparecerán ante el juez para sus decisiones sobre las peticiones. Después de que las peticiones han sido presentadas y la otra parte les ha respondido, las partes comparecen ante el juez, después de lo cual él hace conocer su decisión. Pueden haber audiencias sobre las peticiones, si el juez cree que se justifican y después de esas audiencias, el caso será programado para juicio. Eso, en esencia, es lo que sucede antes del juicio, un sistema inherentemente adversarial.

El juicio comienza con la selección del jurado. El jurado es escogido de un grupo de ciudadanos de la lista de los conductores licenciados o de la lista de votantes registrados. Los abogados someten preguntas que ellos quieren que los jueces le hagan a los miembros potenciales del jurado para determinar si pueden ser justos (por ejemplo: “¿alguno de ustedes siente que simplemente porque el acusado ha sido implicado en un crimen, él debe ser culpable?”). Después dependiendo de la jurisdicción, los abogados pueden tener una oportunidad de presentar un argumento de “recusación justificada,” o usar uno de un número limitado de recusaciones “sin causa,” en las que un jurado puede ser excluido por cualquier razón.

Una vez el jurado es seleccionado, el juicio comienza con las “Declaraciones de Apertura.” Primero, el fiscal le dice al jurado de qué se trata el caso y cómo él va a probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Después el abogado defensor le dice al jurado cuál será su defensa, qué pruebas presentará, si tiene alguna, por qué los testigos pueden estar mintiendo, por  qué ciertos hechos inferidos de intercepciones telefónicas pueden tener explicaciones inocentes, y qué pruebas él presentará para sustentar la narrativa de su defensa.

Después, el fiscal llamará a su primer testigo. Él hará un “interrogatorio directo.” A seguidas, el abogado defensor contra-interrogará al testigo, y luego el fiscal hará un segundo interrogatorio directo, pero solo con respecto a asuntos suscitados durante el contra-interrogatorio de la defensa. Él no puede hacer preguntas simplemente porque a él se le olvidó hacerlas durante su interrogatorio directo. No hay segundas oportunidades (para el fiscal). El proceso continúa hasta que el gobierno dé por concluidos sus alegatos y su presentación de las pruebas. El acusado entonces presenta una petición para que se desestime el caso con base en que las pruebas presentadas, aun si fueran verdaderas, son insuficientes para condenar al acusado y el caso no deberá ser decidido por el jurado. Raramente un juez otorga dicha petición, especialmente cuando la credibilidad es importante, ya que la credibilidad es un factor que solamente un jurado puede determinar. Después de que la petición para desestimar el caso sea decidida y presumiblemente denegada, el caso de la defensa comienza.

El acusado tiene el derecho de llamar testigos o no, de testificar o no, y el juez le dirá al jurado, a solicitud, que esos son “derechos” del acusado. El acusado entonces concluye su caso. El fiscal puede presentar pruebas de refutación limitada solamente a asuntos suscitados por la defensa. El acusado, a través de la presentación de las pruebas, sabrá cuales serán las pruebas. En el derecho penal no hay emboscadas, ni debe haberlas.

Después de la “refutación” del fiscal, el juicio terminal. El juez entonces instruye a los miembros del jurado sobre la ley y cómo ellos la deben aplicar a los hechos presentados por el fiscal. Él les dirá que de la misma forma que él no puede cuestionar el juzgamiento de ellos con respecto a los hechos,  ellos no pueden cuestionar el juzgamiento de él con respecto a la ley. El jurado entonces se retira, delibera y regresa con un veredicto. Si el veredicto es “no culpable,” el acusado es liberado de custodia o transferido a otro distrito, si él hubiera sido solicitado en extradición a otro distrito por otros cargos. Sin embargo, si el acusado es extranjero, el acusado puede ser detenido en un centro de inmigración en espera de su deportación.

Si el acusado es encontrado culpable, habrá una postergación de la imposición de la condena para permitir que el abogado del acusado presente peticiones y presente un informe previo a la imposición de la condena, argumentando por qué el acusado debería recibir una condena indulgente. Si sus peticiones son denegadas, el acusado procede a la imposición de la condena.

La condena se base en factores de sentencia “3553” [18 USC 3553(a)], los cuales incluyen la consideración de las Pautas Federales de Sentencia. El acusado tiene derecho de apelar ante un tribunal de apelaciones como materia. Si el acusado pierde su apelación, él puede presentar una petición a la Corte Suprema para que escuche su reclamo, pero él no tiene un “derecho” de que la Corte Suprema lo escuche. La Corte Suprema solo acepta de 60 a 70 casos de miles que se presentan para su revisión—solo aquellos que tendrán un efecto significativo en todos los casos en los Estados Unidos serán aceptados para revisión, tales como Obamacare por ejemplo. Si la petición para que su caso sea escuchado es denegada, a veces existen peticiones posteriores al juzgamiento que puede ser hechas. Pero eso, en resumen, es el proceso criminal en los Estados Unidos.

After the evidence (“discovery”) is given to the accused, the defense attorney will review the evidence and a meeting with the prosecutor takes place. For the sake of argument, suppose this meeting leads to no agreement, be it because the defendant denies his guilt, or is unable or unwilling to cooperate. Then, all the parties attend the status conference previously set by the defendant’s judge. Being advised that there will be no plea of guilty, the judge will then set a motion schedule with the dates when the defense lawyer must file motions, when the government must respond, when the defense lawyer must reply to the responses, and when the parties will appear before the judge for his decisions on the motions. After the motions have been filed and responded to, the parties appear before the judge, whereupon he hands down his decision. There may be hearings on the motions if the judge believes that hearings are warranted and after those hearings the case will be set down for trial. That, essentially, is what happens before trial, an inherently adversarial system.

The trial starts with the selection of the jury. The jury is picked from a pool of citizens either from the list of names of licensed drivers or from the voter registration list. The lawyers submit questions they want the judges to ask the jurors to determine if they can be fair (for example: “would anyone feel that just because he defendant is indicted, he must be guilty?”). Then, depending on the jurisdiction, attorneys may have an opportunity to mount a “challenge for cause” argument or use one of a limited number of “peremptory” challenges, where for any reasons a juror may be challenged.

Once the jury is selected, the trial begins with “Opening Statements.” First, the prosecutor tells the jury what the case is about and how he intends to prove the guilt of the defendant beyond a reasonable doubt. Then the defense lawyer tells the jury what his defense will be, what evidence he will present, if any, why witnesses may be lying, why certain facts inferred from telephonic interceptions may have innocent explanations, and what evidence he will present that will support his defense narrative.

Thereafter the prosecutor will call his first witness. He will conduct a “direct examination.” Then, the defense lawyer will cross-examine the witness, and the prosecutor will “re-direct” his examination, but only with respect to subjects brought out by the defense during cross-examination. He cannot ask questions simply because he forgot to ask them on his direct examination. There are no do-overs. The process continues until the government “rests” (i.e. finishes) its presentation of the evidence. Motions are then made by the defendant to dismiss the case on the grounds that the evidence presented, even if true, is insufficient to convict the defendant and should not be allowed to go to a jury. Rarely does a judge grant the motion, especially where credibility is an issue, since credibility is a factor that only a jury can determine. After the motion to dismiss is decided and presumably denied, the defense’s case begins.

The defendant has the right to call witnesses or not, to testify or not and the judge will tell the jury, if requested, that those are “rights” of the defendant. The defendant then “rests.” The prosecutor may present rebuttal evidence limited solely to issues raised by the defense in its case. The defendant, through discovery, will know what the evidence will be. There are no ambushes in criminal law, nor should there be.

After the prosecutor’s “rebuttal,” the trial ends. The judge then instructs the jurors on the law and how they must apply it to the facts presented by the prosecutor. He will tell them that just as he cannot question their judgment as to facts, they cannot question his judgment as to law. The jury then retires, deliberates and returns a verdict. If the verdict is “not guilty,” the defendant is discharged from custody. However, in an alien’s case, the defendant would be detained in an ICE detention center pending deportation or transferred to another district, should he have been requested in extradition to another district on other charges.

If the defendant is found guilty, there will be an adjournment for sentencing in order to permit the defendant’s lawyer to file motions and present a pre-sentence report, arguing why the defendant should receive a lenient sentence. If his motions are denied, the defendant proceeds to sentencing.

The sentence is based on “3553” [18 USC 3553(a)] sentencing factors, which include the consideration of the Federal Sentencing Guidelines. The defendant has the right to appeal to an appellate court as a matter of right. If defendant loses his appeal, he can petition the Supreme Court to hear his claim, but he does not have a “right” to have the Supreme Court hear it. The Supreme Court accepts only 60-70 cases out of thousands submitted for review—only those that will have a far-reaching effect on all cases in the United States will be accepted for review, like Obamacare for example. If the petition to hear his case is denied, sometimes there are post judgment motions that can be made. But that, in a nutshell, is the criminal process in the United States.

Pero esa no es la moraleja de la historia. Después de que él fue detenido y condenado a 25 años, (¡de veras!) él fue acusado formalmente por agentes federales por actividad relacionada de la misma conducta por la que él fue condenado por el Estado. Después de todo, estos fiscales eran todos unos caballeros. Pues no. No solamente recibió el acusado una condena consecutiva, sino que ¡fue una sentencia consecutiva de 30 años!

But that is not the point of the story. After he was caught and given a 25-year sentence, (really!) he was indicted by the Feds for activity arising from the same conduct for which he was convicted in the State case. He pled guilty believing quite reasonably that he would get a similar sentence, but one that would run concurrently. After all these prosecutors were gentlemen. Wrong. Not only was the defendant given a consecutive sentence, it was thirty year consecutive sentence!

The Government appealed and the Court of Appeals for the Second Circuit reversed the Judge’s decision, re-ordering Skaftouros extradited. The Appeals Court said the judge had placed impermissible burdens of proof on the U.S. Government, and improperly engaged in an inquiry into the requesting country’s compliance with its own laws:

“We reaffirm that a court. . . may review the demanding government’s compliance with its own laws only insofar as it is necessary to ensure that the both the federal extradition law and the relevant portions of the extradition treaty have been met.”

In other language recited below, the opinion makes it crystal clear that when it comes to extradition, the law “. . . gives to the demanding country advantages most uncommon to ordinary civil and criminal litigation:”

1. “At an extradition hearing, the judicial officer’s inquiry is confined to whether a valid treaty exists; whether the crime charged is covered by the relevant treaty; and whether the evidence marshaled in support of the complaint for extradition is sufficient under the applicable standard of proof.”

2. “An extradition hearing is ‘not to be regarded as . . . a final trial by which the prisoner could be convicted or acquitted of the crime charged against him.’”

3. “[It is] not the occasion for an adjudication of guilt or innocence,”

4. “Orders of extradition are [unique]. They embody no judgment on the guilt or innocence of the accused but serve only to insure that his culpability will be determined in another and, in this instance, a foreign forum.”

5. “What is at issue in the proceeding is not punishability but prosecutability.”

6. “[I] n choosing between conflicting interpretations of a treaty obligation, a narrow and restricted construction is to be avoided. . . .” In other words, give the benefit of the doubt to the requesting country.

7. “Considerations which should govern the diplomatic relations between nations and the good faith of treaties require that obligations should be liberally [and charitably] construed so as to . . . [promote the friendships of the countries and] secure reciprocity.”

8. “. . . [I] f a treaty fairly admits of two constructions, one restricting the rights [of the requesting country] and the other enlarging it, the more liberal construction is to be preferred.”

9. “It is not the business of our courts to assume responsibility for supervising the integrity of the judicial system of another sovereign nation.”

10. “In addition to principles of international comity, the reluctance of our courts to examine foreign law in extradition proceedings is founded in principles of judicial modesty. . . .”

11. “U.S. courts are strongly discouraged from reviewing whether the demanding country has complied with its own law . . . .”

12. “Technical objections to the demanding nation’s compliance with its own law are particularly disfavored.”

These principles are not peculiar to U.S. law. They guide all courts no matter where they are located. Perhaps this will give Colombians more solace. They often complain that their Court refuses to judge the sufficiency of evidence. The fact is their Court is not legally authorized to do so.

David@davidzapp.com

El Gobierno apeló y el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito revocó la decisión del Juez y re-ordenó que Skaftouros fuera deportado. El Tribunal de Apelaciones dijo que el juez había errado al haberle asignado al Gobierno cargas de prueba inaceptables, e involucrándose de manera impropia en una indagación sobre el acogimiento del país solicitante a sus propias leyes.

“Nosotros reafirmamos que un tribunal . . . puede revisar el cumplimiento del país demandante con sus propias leyes, [pero] solamente en cuanto fuera necesario para asegurarse de que la ley federal de extradición y las porciones relevantes del tratado de extradición ambas han sido cumplidas.”

En otro lenguaje recitado a continuación, la opinión deja perfectamente en claro que en materias de extradición, la ley “. . . le da al país solicitante ventajas nada comunes en litigios civiles y criminales:”

1. “Durante una audiencia de extradición, la indagatoria del oficial judicial se limita a la existencia de un tratado válido; a si el crimen imputado es cubierto por el tratado relevante; y si las pruebas reunidas para apoyar la demanda de extradición es suficiente bajo el estándar de prueba aplicable.”

2. “Una audiencia de extradición “no debe ser considerada. . . un juicio final por medio del cual el prisionero podría ser convicto o absuelto del crimen que se le imputa.”

3. “[No es] la ocasión para una adjudicación de culpabilidad o inocencia.”

4. “Las órdenes de extradición son [únicas]. Estas no incorporan ningún dictamen sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sino que sirven solamente para asegurar que su culpabilidad será determinada en otro y, en esta instancia, un foro extranjero.”

5. “Lo que está en cuestión en el procedimiento no es la punibilidad sino la
habilidad de procesar [el acusado].”

6. “Al escoger entre interpretaciones de una obligación de un tratado, una construcción estrecha y restringida debe evitarse. . .” En otras palabras, darle el beneficio de la duda al otro país.

7. “Las consideraciones que deben gobernar las relaciones diplomáticas entre las naciones y la buena fe de tratados requieren que las obligaciones deben ser liberal [y caritativamente] construidas para . . . [promover la amistad entre los países y] asegurar la reciprocidad.”

8. “. . . Si un tratado admite dos interpretaciones, una que restringe los derechos [del país solicitante] y la otra que los aumenta, la interpretación más liberal debe ser preferida.”

9. “El negocio de nuestros tribunales no es asumir responsabilidad para supervisar la integridad del sistema judicial de otra nación soberana.”

10. “Además de principios de cortesía internacional, la reticencia de nuestros de examinar la ley extrajera en procedimientos de extradición se basa en principios de modestia judicial. . .”

11. “Los tribunales de EE.UU. son vigorosamente disuadidos de revisar si el país demandante se ha acogido a sus propias leyes. . .”

12. “Las objeciones técnicas al cumplimiento de la nación demandante con sus propias leyes se desfavorecen particularmente.”

Estos principios no son peculiares a la ley de EE.UU. Ellos guían a todos los tribunales sin importar donde se encuentren. Talvez esto consuele un poco a los colombianos. Ellos frecuentemente se quejan que su Corte se niega a juzgar la suficiencia de las pruebas. El hecho es que su Corte no tiene autorización legal para hacerlo.

David@davidzapp.com

Acceptance of Responsibility is a term of art that is used for pleading guilty in Federal court and entitles a defendant to a reduction in “levels” or “points” as they are informally called, and thus reduce the sentence. Two levels are automatically accorded to the defendant for pleading guilty, a third is given if the defendant pleads guilty in a “timely” manner, a determination left exclusively in the hands of the prosecutor according to the law. How much discretion the prosecutor has on this issue has rarely been debated or addressed by courts.

Finally, a case has addressed this “third point” issue. For many years, the third “acceptance of responsibility point” – “level,” to be completely faithful to guideline language– was something of a given. As long as the defendant either confessed early or pled guilty timely, the reduction was granted. Later on the guideline was amended to give the prosecutor the power to grant the third point. Effective November 1, 2003, the amended section indicated that a motion by the prosecutor should state “that the defendant has assisted authorities in the investigation or prosecution of his own misconduct by timely notifying authorities of his intention to enter a plea of guilty, thereby permitting the government to avoid preparing for trial and permitting the government and the court to allocate their resources efficiently.” But as will be seen this power is not unfettered, is subject to scrutiny, and in reality is not much of a power.

Defendant Lee pled guilty to a four-count drug indictment without much fanfare. He later objected to several facts contained in the PSR, as he was entitled to do, and the district court scheduled a Fatico hearing (a hearing where the sides must prove what they contend). On the eve of the hearing, the defendant withdrew all but one of the objections, and a pared down hearing went forward on that single objection, which the court resolved in the government’s favor. At sentencing, the government refused to move for the third acceptance point, over Lee’s objection, and the district court refused to compel it. The court imposed a very long, but bottom-of-the-range sentence based on the range resulting from a two-level adjustment.

On appeal, the court of appeals reversed. While a government motion is a “necessary prerequisite” to the third point, the court of appeals for the 2d circuit now holds that a district court can still grant the point if the government’s refusal is based on an unconstitutional motive, or a plea agreement leaves it to the government’s discretion and the government acts in bad faith.

Here, there was no plea agreement, (yet another defendant with the good sense to plead to the indictment when not satisfied with the government’s offer), so only the first option was available, and notwithstanding that the circuit found that the error was of constitutional dimension, the court identified as well another reason for granting the point: the government’s position was “unlawful” – if not unconstitutional. The refusal was not permitted by the “third point” guideline itself, which addresses only avoiding preparing for “trial.”

While Lee put the government to its burden at a Fatico hearing (proving what it claims for sentencing purposes), he undisputedly pled guilty early on and “spared the government from ‘preparing for trial.’” Thus, under the “plain language” of the guideline, “the government’s refusal” was “not justified.” The court also noted that the commentary to the Guideline, § 3E1.1 – which is binding on courts – likewise limits the determination to whether the government has saved resources by avoiding preparing for trial. Thus the message is, that there is more flexibility in getting the third point than a defendant may think. In my experience, most prosecutors go along with this flexibility often according the third point anyway even if when the plea is entered after a deadline to do so has passed.

Finally, and most interestingly – see comments below – the court also held that a defendant has a “due process right to reasonably contest errors in the Presentence Report that affect his sentence” – and that “a defendant should not be punished for doing so.” If there is a “good faith dispute” as to a material fact in the PSR, “the defendant’s request that the dispute be resolved is not a permissible reason for the government to refuse to make the § 3E1.1(b) motion, even if resolution of the dispute requires an evidentiary hearing. The court, not the government, imposes sentence, and the court is entitled to a full and accurate record – as are the parties.”

Comment

There are several interesting issues raised by this opinion. First, it forces consideration of the oddity of the whole acceptance of responsibility scheme at all. A sentence is supposed to be consistent with the goals of sentencing set forth in § 3553(a)(2), and none of those goals seem to have anything at all to do with whether the government – or the court, for that matter – was inconvenienced by the need to prepare for, or even conduct, a trial.

A second important point is this: since the inception of the guidelines, the circuit has held to the fiction that institutionalizing lower sentences for defendants who plead guilty does not “punish” going to trial, which would be unconstitutional, it “rewards” pleading guilty, which is not. What’s the difference? None, of course, or at least none that can be articulated. And this decision clearly implodes that whole line of reasoning, since it expressly holds that denying a defendant the third point for contesting a material sentencing fact – or at least doing so in “good faith” – “punishes” him for doing so. This decision should accordingly open the door to a similar argument that a defendant who goes to trial with a “good faith” claim that he should be acquitted is entitled to all three acceptance of responsibility points.

Finally, a close look at the rationale of the amended third point language reveals yet another oddity. The stated purpose of the amendment is to help conserve the resources of both the government and the court. While it is true that the government knows best whether it has expended resources, it is not in a better position than the court itself to know whether the court was inconvenienced by an untimely plea. Accordingly, the guideline should permit the court to impose the third point on its own if it concludes that no significant judicial resources were consumed by an untimely plea of guilty.

Another point is that notwithstanding the prosecutor’s actions, a savvy judge can always get around the issue by imposing a non-guideline sentence.

Thanks to Steve Stasinger of the Federal Defenders Office, N.Y. who wrote this article.

David@davidzapp.com

La Aceptación de Responsabilidad es parte del léxico profesional que se usa para declararse culpable en un tribunal federal y le da el derecho a un acusado de obtener una reducción de “niveles” o “puntos,” como se les refiere informalemente, y consecuentemente reducen la condena. Una reducción de dos niveles es otorgada automáticamente al acusado por declararse culpable, y una tercera es otorgada si el acusado se declara culpable de manera “oportuna,” una determinación que queda exclusivamente en las manos del fiscal, conforme a la ley. Cuánta discreción tiene el fiscal sobre este asunto ha sido raramente debatido o abordado por los tribunales.

Finalmente, un caso ha abordado este asunto del “tercer punto.” Por muchos años, el tercer “punto por aceptación de responsabilidad” o “nivel,” para ser completamente fiel al lenguaje de las pautas – la reducción era virtualmente garantizado. Después la pauta fue enmendada para darle al fiscal el poder de otorgar el tercer punto a su discreción. Desde 1 de noviembre de 2003, la sección enmendada indica que una petición del fiscal debe declarar que “el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o procesamiento de su propia conducta impropia al notificar de manera oportuna a las autoridades de su intención de asentar una declaración de culpable, de tal forma permitiéndole al gobierno evitar prepararse para juicio y permitiéndole al gobierno y al tribunal asignar sus recursos de forma eficiente.” Pero como se podrá ver, dicho poder no es irrestricto, es sujeto al escrutinio, y en realidad no es mucho poder.

El acusado Lee se declaró culpable de una acusación formal drogas de cuatro delitos sin mucha fanfarria. Él después objetó a algunos de los hechos contenidos en el Informe Previo a la Imposición de la Sentencia, tal como tenía derecho de hacer, y el tribunal del distrito programó una audiencia de Fatico (una audiencia en donde las partes deben probar lo que estas contienden). En la noche previa a la audiencia, el acusado retiró todas excepto una de sus objeciones, y una audiencia breve tuvo lugar sobre esa sola objeción, la cual el tribunal resolvió a favor del gobierno. Durante la imposición de la sentencia, el gobierno se rehusó a solicitar la aceptación del tercer punto, a pesar de la objeción de Lee, y el tribunal del distrito se rehusó a imponerla. El tribunal impuso una sentencia muy larga, pero en lo mínimo del rango, con base en el rango resultante por un ajuste de dos niveles.

Al apelar, el tribunal de apelaciones reversó la decisión. Aunque una petición del gobierno es un “prerrequisito necesario” para obtener el tercer punto, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito ahora mantiene que un tribunal del distrito aun puede otorgar el punto si la objeción del gobierno se basa en un motivo inconstitucional, o si un acuerdo de culpabilidad deja el asunto a discreción del gobierno y éste actúa de mala fe.

En el caso presente, no había un acuerdo de culpabilidad (otro acusado más con el suficiente sentido común de declararse culpable de la acusación formal al no estar satisfecho con la oferta del gobierno), entonces solo la primera opción se encontraba disponible, y a pesar de que el circuito encontró que el error era de dimensión constitucional, el tribunal también identificó otra razón para otorgar el punto: la posición del gobierno era no solo inconstitucional, sino de hecho “ilegal.” La denegación no era permitida por la misma pauta del “tercer punto,” la cual solo se trata de evitar prepararse para “juicio.”

Aunque Lee le dejó al gobierno la carga de presentar sus pruebas en una audiencia Fatico (en la cual prueban sus acusaciones para propósitos de imposición de la condena), él se declaró culpable indisputablemente de manera oportuna y “evitó que el gobierno tuviera que prepararse para juicio.” Por lo tanto, bajo el “lenguaje directo” de la pauta, la “denegación del gobierno no se justificaba.” El tribunal también notó que el comentario a la Pauta, § 3E1.1 – la cual es legalmente vinculante para los tribunales – también limita la determinación concerniente al ahorro de recursos por parte del gobierno al evitar prepararse para juicio. Así que el mensaje es, que hay más flexibilidad para obtener el tercer punto de lo que un acusado pudiera pensar. En mi experiencia, la mayoría de los fiscales se acomodan a esta flexibilidad, frecuentemente otorgando el tercer punto de todas formas, aun cuando una declaración de culpabilidad es asentada después del plazo límite para hacerlo.

Finalmente, y de forma aún más interesante – ver los comentarios más adelante – el tribunal también mantuvo que un acusado tiene un “derecho al debido proceso para disputar errores en el Informe Previo a la Condena (PSR en su sigla en inglés) que puedan afectar su condena” – y que “un acusado no debería ser penalizado por hacerlo.” Si existe una “disputa de buena fe” concerniente a un hecho significativo en el PSR, “la petición del acusado de que la disputa sea resuelta no es una razón permisible para que el gobierno se rehúse a presentar la petición § 3E1.1(b), aun si la resolución de la disputa requiere una audiencia probatoria. El tribunal, no el gobierno, impone la condena, y el tribunal tiene derecho a un registro correcto y completo – como también lo tienen las partes.”

Comentario

Esta opinión suscita varios asuntos interesantes. Primero, esta obliga a considerar la rareza del esquema entero de aceptación de responsabilidad. Una condena está supuesta a ser consistente con los objetivos de la imposición de la condena expuestos en § 3553(a)(2), y ninguno de esos objetivos parece tener nada que ver con si el gobierno – y también el tribunal – tuvo algún inconveniente por la necesidad de prepararse para, o siquiera para conducir un juicio.

Un segundo punto importante es el siguiente: desde que las pautas se implementaron, el circuito ha adoptado la ficción de que el institucionalizar condenas más cortas para acusados que se declaran culpables no “castiga” el ir a juicio, lo cual sería inconstitucional, sino que “recompensa” el declararse culpable, lo cual no es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, por supuesto, o por lo menos ninguna que se pueda expresar. Y esta decisión claramente derrota por completo ese tipo de razonamiento, dado que ésta expresamente mantiene que el denegarle a un acusado el tercer punto por desafiar un hecho significativo concerniente a la imposición de la condena – o por lo menos hacerlo de “buena fe” lo “castiga” por hacerlo. Esta decisión, por lo tanto, debe abrirle la puerta a un argumento similar de que un acusado que se va a juicio con un reclamo de “buena fe” que él debería ser absuelto tiene derecho a todos los tres puntos por aceptación de responsabilidad.

Finalmente, una revisión detallada al razonamiento del lenguaje del tercer punto revela aun otra rareza. El propósito expreso de la enmienda es ayudar a conservar los recursos de ambos el gobierno y el tribunal. Aunque es verdad que el gobierno es quien mejor sabe si ha gastado recursos, éste no se encuentra en una posición mejor que la del tribunal mismo para saber si el tribunal sufrió algún inconveniente por una declaración de culpabilidad tardía. Por lo tanto, la pauta le debe permitir al tribunal otorgar el tercer punto por sí mismo si éste concluye que ningún recurso judicial significativo fue consumido por una declaración de culpable tardía.

Otro punto es que pese a las acciones del fiscal, un juez diestro siempre puede resolver este asunto al imponer una condena por fuera de las Pautas.

Agradecimientos a Steve Stasinger del Despacho de los Defensores de Oficio de Nueva York, quien escribió este artículo.

David@davidzapp.com

But the Appellate Court has come to the rescue. It is not as bad as all that. Here, having found that the district court misapplied a case called Barrow at Oluwanisola’s heroin trafficking trial, the appeals court vacated the judgment and remanded the case for a new trial.

The appellate court identified several problems with the district judge’s approach. First, the judge ruled that arguing that specific elements of the crime had not been proven would trigger the rebuttal clause. The circuit noted that this was an error. Interpreting the rebuttal clause in this way “would leave the defendant, for all practical purposes, defenseless.” Here, the ruling improperly compelled defense counsel to limit his opening statements to “generalized statements” about the burden of proof, but prohibited him from arguing that the government would be unable to sustain its burden with respect to any particular elements of the offense.

The trial judge also made erroneous rulings with respect to cross-examination. First, defense counsel was not permitted to cross-examine one witness about whether he had made a written report about an event that he testified he observed. The appeals court held that this did not contradict – directly or indirectly – proffered facts. “The defendant’s admission in his proffer statement of the facts the witness testifies to having observed is not an admission that the witness observed those facts.” In addition, the trial judge based a second cross-examination ruling on a clearly erroneous fact. He prohibited counsel from cross-examining an agent about a matter that Oluwanisola mentioned in a post-arrest statement, not in his proffer.

Collectively, these rulings violated Oluwanisola’s Sixth Amendment right to counsel, and the error was not harmless. While the evidence was legally sufficient, defense counsel’s ability to challenge evidence on drug quantity and Oluwanisola’s knowledge of what was in the packages he was involved with was severely hampered. The appellate court could not “conclude with fair assurance” that the errors “did not substantially influence the jury.” United States v. Oluwanisola, No. 08-4442-cr (2d Cir. May 21, 2010

Special thanks to Federal Defenders New York, Steve Stasinger

Pero el tribunal de apelaciones ha venido al rescate. Las cosas no están tan mal como parecen. Aquí, habiendo encontrado que el tribunal del distrito aplicó incorrectamente un caso llamado Barrow durante el juicio de tráfico de heroína de Oluwanisola, el tribunal de apelaciones anuló el dictamen y remitió el caso para un nuevo juicio.

El tribunal de apelaciones identificó varios problemas con el enfoque del juez del distrito. Primero, el juez dictaminó que el argumentar elementos específicos del crimen que no habían sido probados pondrían en efecto la cláusula de refutación. El circuito notó que esto era erróneo. Interpretar la cláusula de refutación de esta forma “dejaría al acusado prácticamente sin ninguna defensa.” Aquí, el dictamen obligó de manera inapropiada a que el abogado defensor limitara sus declaraciones de apertura a “declaraciones generalizadas” con respecto a la obligación del gobierno de comprobar los hechos, pero prohibió que él argumentara que el gobierno no podría cumplir su obligación con respecto a cualquier elemento particular de los elementos de la ofensa.

El juez de primera instancia también hizo dictámenes erróneos con respecto al contra-interrogatorio. Primero, a la defensa no se le permitió contra-interrogar a un testigo sobre si él había hecho un reporte escrito sobre un evento que él testificó haber observado. El tribunal de apelaciones mantuvo que esto no habría contradicho – directa o indirectamente – previas declaraciones sobre los hechas por el acusado. “La admisión del acusado en su declaración de ofrecimiento de prueba de los hechos que el testigo testifica que él observó no es una admisión que el testigo observó esos hechos.” Además, el juez de primera instancia basó un segundo dictamen sobre un contra-interrogatorio en un hecho claramente erróneo. Él prohibió que el defensor contra-interrogara a un agente sobre un asunto que Oluwanisola mencionó en una declaración posterior a su arresto, no en su ofrecimiento de pruebas.

Colectivamente, estos dictámenes violaron el derecho del acusado otorgado por la Sexta Enmienda de la Constitución a la defensa legal, y el error no fue inocuo. Aunque las pruebas eran legalmente suficientes, la habilidad de la defensa de disputar las pruebas sobre la cantidad de las drogas y el conocimiento de Oluwanisola del contenido de los paquetes con los que él estuvo involucrado fue severamente obstaculizada. El tribunal de apelaciones no pudo “concluir con certeza segura” que los errores “no influenciaron al jurado de forma sustancial.” United States v. Oluwanisola, No. 08-4442-cr (2do Cir. 21 de mayo de 2010).

Agradecimientos especiales a los Defensores de Oficio de Nueva York, Steve Stasinger

El tribunal del distrito encontró que dicha llamada no estaba cubierta por el secreto profesional entre el abogado y su cliente porque Rodríguez sabía que BOP la estaba grabando. Este le permitió al gobierno publicar la llamada durante el juicio de Rodríguez, y el tribunal de apelaciones afirmó.

“Con base en el hecho no disputado de que Rodríguez estaba conciente de que su llamada estaba siendo grabada por la Administración de Prisiones, la divulgación de Rodríguez a su hermana de su deseo de entrar en negociaciones con respecto a su culpabilidad con su abogado no fue hecha confidencialmente y por lo tanto constituyó una exención del secreto profesional entre el abogado y su cliente.” Rodríguez no reclamó que él no tenía ninguna manera de contactar a su abogado directamente, “y bajo regulaciones de la BOP, tal llamada no hubiese sido monitoreada. Las regulaciones de BOP expresamente le permiten a los presos comunicarse con sus abogados por teléfono y correo, sin ser monitoreados. Ver 28 C.F.R. §540.102 (‘Empleados no pueden monitorear una llamada de un preso hecha apropiadamente a su abogado.’)” (énfasis añadido).   

Sin embargo, el tribunal señalo jurisprudencia que, a primera vista, no parece apoyar su conclusión que “regulaciones de la BOP expresamente permiten que presos se comuniquen con sus abogados por teléfono y correo, sin ser monitoreados.” Éste cita a United States v. Hatcher, 323 F.3d 666, 674 (8th Cir. 2003), para la proposición que “la presencia del aparato de grabación destruyó el secreto profesional entre el abogado y su cliente,” razonando que ‘dado que los presos y sus abogados estaban concientes de que sus conversaciones estaban siendo grabadas, ellos no podrían esperar razonablemente que sus conversaciones se mantendrían privadas,’ y que ‘la presencia del aparato de grabación era el equivalente funcional de la presencia de un tercero.’ En United States v. Madoch, 149 F.3d 596, 602 (7th Cir. 1998), un caso del Séptimo Circuito, el tribunal determinó que el privilegio marital de comunicaciones confidenciales no sobrevive cuando la comunicación se llevó a cabo durante una llamada grabada de la prisión.  De esta manera, el tribunal determinó que una llamada “hecha apropiadamente” debe significar una que se hace como resultado de una solicitud específica por el preso a su consejero de que a él se le permita llamar a su abogado por un teléfono seguro. La moraleja de la historia: No le diga nada a nadie—ni siquiera a su abogado—que usted no quiera que el gobierno pueda usar en su contra.

David Zapp (con agradecimientos al blog de los defensores de oficio de Nueva York).

The district court found that the call was not covered by the attorney-client privilege because Rodriguez knew that the BOP was recording it. It allowed the government to play the recording at Rodriguez’ trial, and the appeals court affirmed.

“[O]n the basis of the undisputed fact that Rodriguez was aware that his conversation was being recorded by the Bureau of Prisons, Rodriguez’s disclosure to his sister of his desire to engage in plea discussions with his attorney was not made in confidence and thus constituted a waiver of the privilege.” Rodriguez did not claim that he had no way to reach out to his attorney directly, “and under BOP regulations, that call would not have been monitored. BOP regulations expressly allow inmates to communicate with their attorneys via telephone and mail, without monitoring. See 28 C.F.R. §540.102 (“Staff may not monitor an inmate’s properly placed call to an attorney.”). (emphasis supplied)

The court, however, points to case law that, at first blush, does not seem to support their finding that “BOP regulations expressly allow inmates to communicate with their attorneys via telephone and mail, without monitoring.” It cites United States v. Hatcher, 323 F.3d 666, 674 (8th Cir. 2003), for the proposition that “[t]he presence of the prison recording device destroyed the attorney-client privilege,” reasoning that ‘[b]ecause the inmates and their lawyers were aware that their conversations were being recorded, they could not reasonably expect that their conversations would remain private,’  that ‘[t]he presence of the recording device was the functional equivalent of the presence of a third party.’  In United States v. Madoch, 149 F.3d 596, 602 (7th Cir. 1998), a Seventh Circuit case, the court ruled that the marital communications privilege does not survive where the communication took place during a recorded call from prison. Thus a “properly placed” call free from monitoring must mean one that is placed as a result of a specific request by the prisoner to his counselor that he be permitted to call his lawyer on a secure phone. Moral of the story: Do not say anything to anyone—not even to your attorney — that you do not want the government to be able to use against you.

David Zapp (with special thanks to the Federal defenders of New York blog)