United States v. Archer, No. 10-4684-cr (2d Cir. 20 de septiembre de 2011), un caso que involucra fraude por parte de un abogado, incitó una discusión particularmente interesante de los procedimientos para asuntos de imposición de sentencia cuando un caso es remitido al tribunal de primera instancia para reconsideración de la sentencia. El “consenso” entre los otros circuitos es que “cuando el gobierno sepa de su obligación de presentar pruebas y haya dejado de hacerlo, éste no puede presentar nuevas pruebas cuando la condena sea reconsiderada a no ser que “la responsabilidad del gobierno no haya sido clara,” “el tribunal de primera instancia haya prohibido discusión del asunto,” o “las pruebas no estuvieron disponibles, por una buena razón.”
Ordinariamente, de acuerdo al Tribunal, cuando la carga de la prueba de los fiscales requiriese que ellos probaran que algo NO estuvo presente, o que NO ocurrió, “y los hechos en cuestión sean más comprobables por parte del acusado,” el acusado asume una carga de producir “por lo menos un asunto sujeto a juicio con respecto a los hechos” posteriormente a lo cual el fiscal asume la carga de la persuasión. Esa es la distribución “apropiada” de las cargas en esta situación. El acusado en este caso “tenía más posibilidad que el gobierno de comprobar si un cliente sabía del fraude o hubiese pagado un honorario aun si el cliente hubiese sabido del fraude,” dado que este conocimiento provenía del acusado. Entonces el acusado tiene la carga, aunque he visto un caso en el que el abogado defensor pensó que él tenía la carga de persuadir a ese juez que él no poseyó una pistola al llevar a cabo un negocio de narcotráfico, en el cual yo argumentaría que el Gobierno tiene la carga de probar este factor agravante.