El juez de distrito Jed S. Rakoff del Distrito Sur de Nueva York habló, en una reunión en la Escuela de Derecho de Harvard que examinó las responsabilidades que los abogados tienen y los papeles que desempeñan como profesionales y como ciudadanos. Lo que él dijo es la base de este artículo, que ha sido editado, se le ha dado un nuevo formato y se le han hecho adiciones para hacerlo tan fácil como ha sido posible para que las personas verdaderamente afectadas lean este valioso mensaje.
El Juez Rakoff:
“Lo que atrajo a tantos de nosotros al derecho [fue] un deseo de promover la justicia. Los abogados deben sentir una responsabilidad profesional de expresarse sobre las [injusticias]. Una de tales cuestiones es la encarcelación en masa.
“La falta relativa de los abogados en general de expresarse sobre esta cuestión palidece en comparación con el silencio de los jueces, quienes, me permito sugerir, tienen un deber especial de ser escuchados sobre esta cuestión. Ciertamente, el comentario al Canon Cuatro del Código de Conducta para los jueces de los Estados Unidos expresamente alienta a los jueces federales a expresarse sobre cuestiones relacionadas con la administración de justicia en general y la justicia penal en particular. Sin embargo, durante un tiempo demasiado largo, demasiados jueces (entre los cuales me incluyo) han permanecido demasiado silenciosos sobre un mal en el cual nosotros mismos somos una parte: la encarcelación en masa de personas en los Estados Unidos en la actualidad.
“Los hechos básicos no se disputan. Más de 2.2 millones de personas están actualmente encarceladas en cárceles y prisiones de los Estados Unidos, un aumento de un 500 por ciento durante últimos 40 años. A pesar de que los Estados Unidos es un país que tiene aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, aloja cerca del 25 por ciento de la población mundial en prisión. La tasa de encarcelación per cápita en los Estados Unidos es una vez y media la de Rwanda, que está en segundo lugar, y la de Rusia, que está en tercer lugar, y más de seis veces la tasa de un país vecino, el Canadá. Otros 4.8 millones de americanos están sujetos al estado de supervisión impuesto por la libertad condicional [a prueba] o bajo palabra.
“A pesar de que las tasas de crímenes en los Estados Unidos han estado disminuyendo uniformemente durante los últimos 24 años, el número de personas encarceladas ha continuado en aumento. [U]na de cada nueve personas en prisión está ahora cumpliendo una condena de cadena perpetua.
“Y, ¿quiénes están siendo encarcelados? Mayormente, jóvenes de color. Más de 840,000, o casi el 40 por ciento de los 2,2 millones de prisioneros de los Estados Unidos son hombres jóvenes afroamericanos. Dicho de otro modo, uno de cada nueve hombres afroamericanos de edades entre 20 y 34 está actualmente en la prisión, y, si las tasas presentes se mantienen, una tercera parte de todos los hombres negros serán encarcelados en algún momento durante sus vidas. Otros 440,000, o el 20 por ciento de los 2.2 millones de prisioneros de los Estados Unidos son hombres hispanos.
“El argumento sencillo, pero poderoso, [en contra de hacer] algo sobre esta situación es que encerrando a los acusados por largos períodos de tiempo, incapacitamos a aquellas personas que más probablemente cometerían crímenes: tanto los que de otro modo serían reincidentes como los que en primer lugar son disuadidos de cometer delitos. Pero, ¿es esto cierto? La respuesta honesta es que no lo sabemos. En el mejor de los casos tiene como premisa una corazonada.
“[Y] el precio que pagamos por actuar sobre la base de esta corazonada es enorme. [C]uesta más de $80 mil millones al año administrar nuestras cárceles y prisiones. Encarcelar a tantos hombres y mujeres jóvenes contribuye a la erosión de la familia y la vida comunitaria en modos que perjudican a generaciones de niños mientras creamos un cuadro futuro de ex presidiarios desempleados. Si este ritmo continúa, uno de cada tres hombres afroamericanos será encerrado, enviando un mensaje de que nuestra sociedad no tiene una cura mejor para las disparidades raciales que la fuerza bruta.
“Esta encarcelación en masa es el producto de estatutos promulgados al comienzo del decenio de los 1970. Esas leyes impusieron condenas mínimas obligatorias y pautas federales para el dictado de penas que recomiendan penas a prisión de una duración considerable. Las leyes de encarcelamiento mínimo obligatorio también han privado a los jueces del ejercicio de su poder discrecional al dictar las penas y garantizan con efectividad el encarcelamiento de muchos delincuentes que previamente hubieran recibido condenas condicionales o encausamiento diferido, o que hubieran sido enviados a programas de tratamiento contra drogas o de salud mental en vez de ser enviados a la prisión.
“ [L]as penas mínimas de encarcelamiento también [significan] que no importa cuán menor haya sido la participación del delincuente, ni cuáles fueron las circunstancias atenuantes, se requiere que el juez envía a un acusado a la prisión con frecuencia por un número de años considerable si no reúne las condiciones para la “excepción de la válvula de seguridad”.
(Nota del Editor: Las pautas federales para dictados de pena se convirtieron más en un vehículo para la imposición de condenas grandemente aumentadas que para la uniformidad en la imposición de las penas que era la intención que se tenía que fueran. Los jueces federales que crecieron en la era de las pautas las siguen como si fueran la norma. Y el número de estos jueces aumentará a medida que los jueces de antes de las pautas, que usaban un poder discrecional ilimitado al dictar las penas, desaparecen de la vista debido a que renuncian o fallecen.
(Por casualidad y tristemente, uno de los grandes jueces que “odiaba las pautas” como decía uno de sus antiguos asistentes legales, falleció el pasado miércoles 23 de abril de 2015, el juez Robert Patterson, a la edad de 92. Fue juez del Distrito Sur de Nueva York, un gran juez de la “vieja escuela” que contribuyó a la reputación enchapada en oro de ese distrito.
Un plan de sentencias – dijo – que no le ofrezca una segunda oportunidad a un delincuente primario o que no tenga en cuenta todas las circunstancias de la vida de un delincuente le resultaba repelente. (En una causa notable, el Juez Patterson tuvo ante él a un inmigrante de Corea del Sur, un empleado postal que protestó el régimen de Corea del Norte frente a las Naciones Unidas disparando al aire una pistola a un ángulo de 80 grados, prácticamente directo hacia arriba. Él comentó sobre su irritación de que las Pautas federales para el dictado de penas lo forzaron a darle una condena de dos años y tres meses a este hombre que el juez dijo que sencillamente estaba haciendo una declaración política en vez de tener la intención de infligir lesiones. En esa causa, el juez Patterson aprovechó la oportunidad para criticar el ‘‘esfuerzo sostenido [del Congreso] para limitar el papel tradicional de los jueces de primera instancia en los dictados de pena como un dispensador independiente de una condena justa y equitativa basada en los hechos y circunstancias de cada causa”. En un momento dado, un juez Patterson frustrado dijo en sesión pública: ‘‘Ustedes lo hacen tan claro y definido. Las cosas no son tan claras y definidas”. (Véase el artículo de Susan Saulny en el diario NYTimes del 21 de octubre de 2003).
“Recientemente ha habido algunas señales pequeñas de progreso. En el año 2013, el Ministro de Justicia, Eric Holder, finalmente terminó el requisito, que estuvo en vigor por décadas, de que los fiscales federales tenían que acusar a los delincuentes de aquellos delitos que conllevaran las penas más altas de encarcelamiento. Y en el último Congreso, un proyecto de ley para eliminar las condenas mínimas obligatorias para los delincuentes no violentos en causas de drogas fue endorsado por Departamento de Justicia y por senadores republicanos prominentes de la derecha. Por otro lado, los fiscales tienen todavía el poder discrecional de imputarles a los delincuentes los delitos más graves a su disposición, y ellos por lo general así lo hacen. Y el proyecto de ley antes mencionado para modificar la aplicabilidad de las condenas mínimas obligatorias nunca llegó a ser sometido a votación, reflejando la resistencia a reformas.
“Lo que se requiere es liderazgo: la capacidad de aquellos a quienes el público respeta para que señalen por qué los estatutos que disponen mínimos obligatorios, pautas draconianas y cosas parecidas no son la clave para controlar el crimen, y por qué, en cualquier caso, el precio a largo plazo de la encarcelación en masa es demasiado alto para pagarlo, no solamente en cuanto a la economía, sino también en cuanto a los valores de la sociedad.
“Salvo por el Colegio de Abogados Americanos, hasta ahora ningún otro colegio de abogados, que yo sepa, ha denunciado abiertamente la encarcelación en masa, exigido que se rechacen rotundamente las leyes de mínimos obligatorios, apoyado rebajas a lo largo de todos los niveles de encarcelamiento según las pautas o los estatutos, ni de otro modo ha tomado la clase de posiciones vigorosas que causarían que el público se ponga en guardia y preste atención.
“¿Y dónde está el poder judicial en todo esto? En cierto modo, esta debe ser una cuestión nuestra, no sencillamente porque históricamente el dictado de penas ha sido la prerrogativa de los jueces, sino también porque somos nosotros los que están forzados a imponer estas condenas, El poder judicial federal está protegido de represalias políticas por su posición permanente de por vida, y de acuerdo con la mayoría de las encuestas, es bien considerado en general por todo el público,
“Sobre una cuestión – la oposición a las leyes mínimas obligatorias – el poder judicial federal ha sido uniforme en su oposición: ‘Durante 60 años, la Conferencia Judicial se ha opuesto uniforme y vigorosamente a los mínimos obligatorios y ha apoyado medidas para que sean rechazados o para disminuir sus efectos’. Pero en ninguna parte de las nueve páginas recopiladas, escritas a un solo espacio, hay referencia alguna a los males de la encarcelación en masa, y, ciertamente, la mayoría de los jueces federales continúan prestándole apoyo a las pautas federales para los dictados de pena. Y el Congreso, con mucha más frecuencia ha requerido de la Comisión de Sentencias que aumente los períodos de encarcelamiento reflejados en esas pautas, apoyando adicionalmente de ese modo la encarcelación en masa.
“Varios jueces federales de distrito valientes – tales como Lynn Adelman de Wisconsin, Mark Bennett de Iowa, Paul Friedman del Distrito de Columbia, y Michael Ponsor de Massachusetts, así como los antiguos jueces federales Paul Cassell y Nancy Gertner [y el juez Patterson] – durante algún tiempo han denunciado abiertamente la política de la encarcelación en masa. Más recientemente, un juez federal de apelaciones, Gerard Lynch de Nueva York, expresó su acuerdo de que “Los Estados Unidos tiene un sistema vastamente inflado más allá de lo necesario que es excesivamente punitivo, desproporcionado en su impacto sobre los pobres y las minorías, excesivamente costoso, e irrelevante en gran medida para reducir el crimen depredador”. El magistrado Anthony Kennedy de la Suprema Corte de los Estados Unidos le dijo a un subcomité de la Cámara de Representantes que ‘esta idea de encarcelación total sencillamente no está funcionando’.
“Aunque en muchos aspectos podemos estar orgullosos del progreso que hemos logrado promoviendo los derechos cívicos, hay una excepción grande, evidente, sin embargo, en el modo en que tratamos a aquellos culpables de crímenes. Básicamente los tratamos como si fuesen basura. A menos que nosotros, los jueces, hagamos un esfuerzo mayor para expresarnos en contra de esta inhumanidad, ¿cómo podemos llamarnos instrumentos de la justicia?”
– Hon. Jed Rakoff
No sería una mala idea si nosotros los abogados también nos expresáramos en cada dictado de pena en el que estemos envueltos. Sabemos por nuestra experiencia personal que nunca se trata de culpabilidad o inocencia. Se trata del “tiempo”.
– David Zapp, Abogado