Escribí la carta a continuación, dirigida a los editores de varias publicaciones colombianas, en respuesta a “una carta abierta al presidente,” escrita y firmada por varios presos de Cómbita. Espero que sea de ayuda.
Estimado(a) Caballero/Dama,
Recientemente leí la “Carta abierta al Presidente de Colombia” escrita por presos en espera de la extradición. Ya que esperaba la protesta usual de inocencia, me plació encontrar una petición bien razonada y razonable hecha por un grupo de presos que simplemente quiere una audiencia en un tribunal colombiano. Los reclamos de inocencia, de fallos arbitrarios, o de corrupción de los jueces son argumentos débiles en contra de la extradición. Las órdenes expedidas por países extranjeros se basan en pruebas de hechos que demuestran actividad ilegal por individuos buscados. Las pruebas no son fabricadas.
La extradición es un martirio demasiado difícil. Es de por sí, un castigo, un castigo extraordinario. Cuando regreso de Bogotá a Estados Unidos, siempre me sorprende ver familias llorando por la partida de sus seres queridos. Imagínese cómo los presos y sus familias se deben sentir. Los individuos son separados de sus familias y de su país a la fuerza para ser puestos en una cárcel en el extranjero, en la cual no se habla su lenguaje y donde deberán enfrentar la discriminación, consciente o inconsciente, asociada con ser una minoría.
El problema actual con la extradición es que no existe una distinción entre los peces gordos y los peces pequeños. Por ejemplo, es razonable que los Estados Unidos le pida a Colombia que extradite a narcotraficantes del tipo de Pablo Escobar. Pero es singularmente inapropiado pedir la extradición de conductores, guardaespaldas, pilotos, controladores de tráfico aéreo, lavadores de dinero de bajo nivel, oficiales de aduanas corruptos, etcétera. Tal como la carta abierta al presidente sugiere, Colombia misma debería hacerse cargo de esos casos.
La Corte Suprema de Colombia de hecho se ha desempeñado de manera ejemplar dentro de los confines de la ley colombiana. Después de todo, la Corte no es responsable de determinar la inocencia o la culpa de un acusado, solamente de determinar si todos los requerimientos de la ley han sido satisfechos (es decir, si una acusación formal válida ya ha sido procesada en Colombia). En algunos casos la Corte ha ido más allá, negando extradiciones en las cuales ésta encontró que los intereses de Colombia eran considerablemente mayores que los de los Estados Unidos. Capturar narcotraficantes no es tan importante como responsabilizar a grupos de paramilitares y guerrilleros por actos en contra de su propia población.
Colombia ha mejorado bastante. Ya no es un país corrupto controlado por narcotraficantes. Es un país perfectamente capaz de procesar a los suyos. Eso es lo que debería hacer y eso es lo que los presos están pidiendo. La legislatura debería actuar en conformidad con ello y el presidente debería asumir el liderazgo.
Atentamente,
David S. Zapp