Llevar un caso a juicio después de que el cliente ha “ofrecido pruebas” (es decir, hablado con el fiscal) es difícil. La mayoría de los acuerdos de ofrecimiento de pruebas contienen una cláusula que le permite al gobierno introducir las declaraciones ofrecidas por el acusado para refutar pruebas ofrecidas u obtenidas, así como declaraciones fácticas hechas por la defensa. En el caso United States v. Barrow, 400 F.3d 109 (2d Cir. 2005), el tribunal mantuvo que dichas cláusulas de refutación aplican a todas las declaraciones fácticas, incluyendo aquellas hechas durante las argumentaciones de la defensa y en el contra-interrogatorio, pero no aplicarían en casos de argumentos que disputen la suficiencia de las pruebas. Sin embargo, este dictamen ha llevado a que muchos abogados concluyan correctamente que proceder a juicio es prácticamente imposible después de que un acusado haya ofrecido pruebas, como muestra este caso.
Pero el tribunal de apelaciones ha venido al rescate. Las cosas no están tan mal como parecen. Aquí, habiendo encontrado que el tribunal del distrito aplicó incorrectamente un caso llamado Barrow durante el juicio de tráfico de heroína de Oluwanisola, el tribunal de apelaciones anuló el dictamen y remitió el caso para un nuevo juicio.
El tribunal de apelaciones identificó varios problemas con el enfoque del juez del distrito. Primero, el juez dictaminó que el argumentar elementos específicos del crimen que no habían sido probados pondrían en efecto la cláusula de refutación. El circuito notó que esto era erróneo. Interpretar la cláusula de refutación de esta forma “dejaría al acusado prácticamente sin ninguna defensa.” Aquí, el dictamen obligó de manera inapropiada a que el abogado defensor limitara sus declaraciones de apertura a “declaraciones generalizadas” con respecto a la obligación del gobierno de comprobar los hechos, pero prohibió que él argumentara que el gobierno no podría cumplir su obligación con respecto a cualquier elemento particular de los elementos de la ofensa.
El juez de primera instancia también hizo dictámenes erróneos con respecto al contra-interrogatorio. Primero, a la defensa no se le permitió contra-interrogar a un testigo sobre si él había hecho un reporte escrito sobre un evento que él testificó haber observado. El tribunal de apelaciones mantuvo que esto no habría contradicho – directa o indirectamente – previas declaraciones sobre los hechas por el acusado. “La admisión del acusado en su declaración de ofrecimiento de prueba de los hechos que el testigo testifica que él observó no es una admisión que el testigo observó esos hechos.” Además, el juez de primera instancia basó un segundo dictamen sobre un contra-interrogatorio en un hecho claramente erróneo. Él prohibió que el defensor contra-interrogara a un agente sobre un asunto que Oluwanisola mencionó en una declaración posterior a su arresto, no en su ofrecimiento de pruebas.
Colectivamente, estos dictámenes violaron el derecho del acusado otorgado por la Sexta Enmienda de la Constitución a la defensa legal, y el error no fue inocuo. Aunque las pruebas eran legalmente suficientes, la habilidad de la defensa de disputar las pruebas sobre la cantidad de las drogas y el conocimiento de Oluwanisola del contenido de los paquetes con los que él estuvo involucrado fue severamente obstaculizada. El tribunal de apelaciones no pudo “concluir con certeza segura” que los errores “no influenciaron al jurado de forma sustancial.” United States v. Oluwanisola, No. 08-4442-cr (2do Cir. 21 de mayo de 2010).
Agradecimientos especiales a los Defensores de Oficio de Nueva York, Steve Stasinger