Por Vanita Gupta (editado y abreviado)
Publicado el 14 de agosto de 2013 en The New York Times
Comenzando en los años 70 del siglo pasado, una guerra nacional contra el crimen, dominada por principios antinarcóticos y evaluaciones mediante el perfil racial, avivó una construcción excesiva de prisiones que está en una quiebra moral—y ahora también en una financiera.
Ambos partidos políticos acogieron normas draconianas como las condenas mínimas obligatorias, las leyes de condenas más severas para los delincuentes habituales («a la tercera, fuera», como en un juego de pelota) y amplias disparidades entre las condenas por la tenencia de piedra de cocaína (crack) y la de cocaína en polvo. El resultado fue que para el año 2003, los Estados Unidos tenían el 4,6 por ciento de la población mundial y, de ella, el 22,4 por ciento de la población en prisión. De modo que me regocijé cuando el ministro de justicia Eric H. Holder Jr. anunció el lunes que el gobierno se comprometería a reducir la inflada población en las prisiones. Esto no tiene precedente: el funcionario principal para la ejecución de las leyes de la nación instruyó a todos los fiscales federales para que ejerzan su poder discrecional con el fin de terminar el incesante almacenamiento de presos, cuya cantidad mayor es de minorías, en las prisiones federales por delitos de drogas de un nivel bajo.
El St. Holder [sin embargo] tiene una autoridad limitada para promulgar reformas permanentes sin una acción del Congreso. No resulta claro el modo en que los fiscales federales ejecutarían su plan. Para llevar a un máximo su impacto, el Departamento de Justicia necesita monitorear el progreso de su implementación de parte de los 93 fiscales de los Estados Unidos por todo el país y hacerlos responsables de la ejecución de este nuevo principio.
Para que haya un impacto nacional duradero, necesitamos ver la situación en los estados, que es donde la mayor parte de los acusados son sentenciados. Durante los últimos años se ha estado fermentando una revolución tranquila en las capitales estatales. Históricamente las bajas tasas de crímenes y la disminución en los fondos estatales han llevado a un consenso naciente entre los legisladores y abogados de todo el espectro ideológico que nuestra adicción al encarcelamiento no es sostenible, eficaz ni humana.
Lo que el Sr. Holder ha hecho es poner más presión, dándole su imprimátur a un sentimiento creciente de urgencia nacional y necesidad moral. La reacción callada a su anuncio de parte de los conservadores ardientes en un reflejo del cambio que se debate.
Pero este no es un momento para descansar. Aquellos que buscan un sistema de justicia penal más justo, como mínimo, deben exigir que el gobierno elimine las condenas mínimas obligatorias, las cuales atan las manos de los jueces; rescindir las leyes de «a la tercera, fuera», que con frecuencia no distinguen entre delitos tales como, digamos, un atraco armado y un robo de auto; enmendar los estatutos de «veracidad en las condenas», los cuales prohíben poner en libertad anticipadamente a los prisioneros por buen comportamiento; y recalibrar los propósitos de las condenas por drogas.
El trabajo que nos espera es de enormes proporciones, pero el anuncio del St. Holder ofrece la esperanza de que hemos cruzado un umbral, que ya no hay argumentos serios de si hay o no hay un problema con la justicia penal en los Estados Unidos. Es triste que este momento haya tardado tanto en llegar—y que el ímpetu haya venido tanto de las presiones presupuestarias como de las preocupaciones sobre la justicia, pero necesitamos apoderarnos de él.
Vanita Gupta es una subdirectora legal de American Civil Liberties Union.