Por James C. McKinley Jr., Publicado en el periódico, The New York Times el 19 de noviembre de 2013
Los jueces de Nueva York deben alertar a los inmigrantes acusados de un delito grave que encaran la deportación si se declaran culpables, dictaminó el martes el tribunal más alto del estado.
En una decisión de 5 a 2, el Tribunal de Apelaciones revocó su dictamen del año 1995 que consideró la deportación como una “consecuencia colateral” de una declaración de culpabilidad, y por eso no era necesario que los jueces alertaran a los extranjeros acusados de delitos que podría ocurrir.
Escribiendo para la mayoría, la Juez Sheila Abdus-Salaam dijo que los tiempos han cambiado desde mediados del decenio de 1990 cuando se deportaban a unas treinta y siete mil personas (37.000) que no eran ciudadanas de los Estados Unidos después de sus condenas penales. Ese número fue 188.000 en el año 2011, escribió la Juez Sheila Abdus-Salaam, y con el esfuerzo para dar un cumplimiento más estricto a las leyes de inmigración, la deportación se ha convertido en “una consecuencia automática” de una declaración de culpabilidad para la mayoría de los acusados que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Ella dijo que los acusados que aceptaron convenios para declararse culpables con frecuencia se encontraron despojados de sus empleos, aislados de sus familias en los Estados Unidos y devueltos a un país que apenas recordaban.
La mayoría concluyó “que la deportación constituye una consecuencia tan considerable y única de una declaración de culpabilidad que el juez de primera instancia debe mencionársela al acusado como una cuestión fundamental de equidad” escribió la Juez Sheila Abdus-Salaam.
Más de 20 estados ya requieren que los jueces emitan tales advertencias y, en los años del decenio de 1990, la Legislatura del Estados de Nueva York puso un requisito parecido en la ley de procedimiento penal, pero no había consecuencias si no se daba tal advertencia y con frecuencia los jueces la omitían, dijeron los abogados defensores. “Los tribunales ya deberían de haber estado haciendo esto, pero en la práctica no lo hacían” –dijo Rosemary Herbert, una abogada que representaba a Richard Díaz, uno de los tres acusados en el caso – “Esta decisión ha reforzado ese requisito”.
El Juez Principal Jonathan Lippman y los jueces Victoria Graffeo, Susan P. Read y Jenny Rivera se unieron a la juez Abdus-Salaam en la mayoría. Los jueces Robert S. Smith y Eugene F. Pigott Jr. disintieron.
En el año 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Padilla v. Kentucky que los abogados defensores tienen el deber de decirle a sus clientes que encaran la deportación antes de que ellos ofrezcan una declaración de culpabilidad.
La decisión del Tribunal de Apelaciones de esta semana es en respuesta a tres causas penales en las cuales los jueces no les dijeron a los acusados la probabilidad de su deportación.
El Sr. Díaz, un residente legal de los Estados Unidos que vino de la República Dominicana fue detenido en octubre de 2006 con otro hombre que iban en el asiento trasero de un taxi en la parte alta de Manhattan después de que la policía encontrara un ladrillo de cocaína de dos libras en el piso del auto durante una parada de tránsito. Él se declaró culpable de un cargo reducido a cambio de una condena de dos años y medio, pero tan pronto como fue liberado, el Departamento de Inmigración y Control de Aduana tomó medidas para su deportación.
Debido a que el juez de primera instancia nunca le advirtió al Sr. Díaz sobre la deportación, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que él tenía derecho a presentar un pedimento para retirar su declaración de culpabilidad. La mayoría dijo que el pedimento no sería concedido automáticamente, sin embargo, del modo en que se hace con otras violaciones del debido proceso legal. En vez de ello, el Sr. Díaz, así como otros acusados en esa situación, deben demostrar que si hubiera sido alertado sobre la deportación, habría insistido en ir a juicio.
Sobre este punto, los jueces Lippman y Rivera disintieron, alegando que las declaraciones de culpabilidad parecidas a esta en las cuales la advertencia estuvo ausente se deben revocar automáticamente.
Los abogados de los tres acusados en la causa –los señores Richard Díaz, Juan José Peque y Michael Thomas— dijeron que la decisión era un cambio enorme. “La decisión ciertamente aclara que de ahora en adelante los jueces deben hacer la advertencia, y les abre un camino para la apelación a los acusados que ya han sido culpados y no recibieron la advertencia sobre la deportación”, dijo Lynn W. L. Fahey, que representó al Sr. Thomas.