The Economist – Justicia Penal – 4 de octubre de 2014.
El siguiente artículo es sobre el poder de los fiscales. Cita a jueces que dicen que hasta ellos creen que el poder que los fiscales tienen no es justo.
Lamentablemente, este es el mundo en que vivimos, y es uno de los motivos por los cuales es tan importante tener un abogado competente que esté familiarizado con la fiscalía local para navegar esas aguas traicioneras. – Johann S. Zapp, Esq.
CAMERON TODD WILLINGHAMfue acusado de asesinar a sus hijas en 1991 prendiéndole fuego a la casa de la familia. Los medios de prueba principales en su contra fueron un informe forense sobre el fuego, el cual luego resultó ser una patraña, y el testimonio de un informante de la cárcel que afirmó haberle oído confesar. El Sr. Willingham fue ejecutado en el año 2004.
Al soplón que lo envió a su muerte le habían dicho que los cargos de robo que estaban pendientes en su contra serían reducidos a un delito de menor gravedad si él colaboraba. Después del juicio, el fiscal negó haber hecho tal trato, pero una nota escrita a mano descubierta el año pasado por el Innocence Project (Proyecto Inocencia), un grupo de presión, sugiere otra cosa. En entrevistas grabadas, extractos de las cuales fueron publicadas por el diario Washington Post, el informante dijo que había mentido en el tribunal a cambio de los esfuerzos de parte del fiscal para obtener una sentencia reducida y –sorprendentemente—el apoyo financiero de un hacendado local.
“El fiscal tiene más control sobre la vida, libertad y reputación que ninguna otra persona en los Estados Unidos”, dijo Robert Jackson, el Ministro de Justicia, en el año 1940. En estos momentos en que el ministro actual, Eric Holder, se prepara para dimitir, los fiscales americanos son más poderosos que nunca.
Hay varios cambios que les han dado poder. El primero es la explosión de las negociaciones de la condena, por las cuales un sospechoso acuerda declararse culpable de un cargo menos grave si se retiran los más graves en su contra. Las negociaciones de las condenas no se podían obtener en los primeros años de la justicia americana. Pero hoy en día más del 95% de las causas terminan mediante esos tratos y de ese modo nunca llegan a un juicio oral.
La presión para declararse culpable
Jed Rakoff, un juez de distrito de Nueva York, cree que es poco probable que el 95% de los acusados sean culpables. De los 2.4 millones de americanos detrás de las rejas, él cree que es posible que “miles, quizás decenas de miles” confesaron a pesar de ser inocentes. Un motivo por el cual podrían hacerlo es debido a que las severas reglas de condenas mínimas obligatorias hacen que esa opción sea racional. En vez de arriesgarse a tener un juicio y recibir una condena de 30 años, algunos se aprovechan de una negociación y aceptan declararse culpables de un delito de menor gravedad para obtener una sentencia mucho más leve.
En tales negociaciones, los fiscales retienen todo el control, dice Alexandra Natapoff de la Escuela de Derecho Loyola. Las leyes de condenas obligatorias impiden que los jueces tomen en cuenta todas las circunstancias de una causa y ejerzan su poder discrecional sobre el castigo. En vez de ello, su severidad depende en gran medida de los cargos que el fiscal decida presentar. En causas complejas de delincuencia de guante blanco, ellos pueden amenazar que contarán cada mensaje electrónico como un caso aparte de fraude electrónico. En las causas de drogas, ellos pueden elegir de cuánto de la reserva oculta del narcotraficante su compinche es responsable. Eso les da a los fiscales un poder enorme en la negociación. En la Florida, la tenencia de 4 a 14 gramos de heroína le consigue al acusado una condena mínima de tres años de prisión; 28 g o más, le consigue 25 años.
En 1996, la policía encontró una caja fuerte en la casa de Stephanie George que contenía 500 gramos de cocaína. Ella dijo que le pertenecía a su antiguo novio, que tenía la llave y admitió que era suya. Los fiscales pudieron haber acusado a la Srta. George de un delito menor: ella obviamente era muy insolvente para ser una cabecilla de drogas. En vez de ellos, la acusaron por todo lo que estaba en la caja fuerte, así como todo lo que su exnovio había vendido recientemente—y por obstrucción de justicia porque ella negó tener conocimiento alguno de sus negociaciones. Recibió una condena obligatoria de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Su antiguo novio recibió una penalidad más leve porque testificó que le había pagado a ella para que le permitiera usar su casa para guardar drogas. En el mes de abril, después de 17 años, la Srta. George fue puesta en libertad solamente porque Barack Obama le conmutó su pena.
Bajo el Sr. Holder, el régimen federal de condenas mínimas obligatorias se ha suavizado para los delitos de narcotráfico no violentos. Pero esto solamente le ha puesto frenos al poder de los fiscales federales, no a los estatales, y solamente en cierto modo.
Otro cambio que les ha dado poder a los fiscales es la proliferación de nuevas leyes incomprensibles que les dan a los fiscales más latitud para su interpretación y los alienta a acusar en exceso a los acusados con el fin de atemorizarlos para que entren en negociaciones para reducir la sentencia, dice Harvey Silverglate, un abogado defensor.
Las mismas amenazas e incentivos que empujan a los inocentes a declararse culpables también llevan a muchos sospechosos a declarar contra otros. Los tratos con “testigos colaboradores”, que una vez fueron raros, se han convertido en algo común. En las causas federales se estima que de 25 a 30% de los acusados ofrecen alguna forma de colaboración, y aproximadamente la mitad de esos reciben a cambio algún crédito. La proporción se duplica en las causas de drogas. La mayoría de las causas federales se resuelven usando el testimonio verdadero o que se espera que sea ofrecido por los acusados colaboradores.
El testimonio de un colaborador con frecuencia influye a los jurados porque los soplones se ven como los que tienen conocimiento de primera mano del modelo de la actividad delictiva. Pero los soplones que tienen la esperanza de evitase períodos de encarcelamiento draconianos algunas veces pueden verse tentados a componer en vez de meramente cantar.
Canta o sufre
No resulta fuera de lo común que un colaborador tenga 15 o 20 reuniones largas con los agentes y los fiscales. Es difícil saber lo que sucede en esas reuniones porque no son grabadas. Los participantes toman notas, pero no tienen que escribir todo lo que se dice, ni tienen que compartir todas sus notas con la defensa.
Los colaboradores se han vuelto más comunes en las causas corporativas desde que el Departamento de Justicia comenzó a traer más abogados don experiencia en tratar con el crimen organizado. Las causas de negocios típicamente envuelven montañas de documentos difíciles de desentrañar y giran no en las acciones sino las intenciones. Con frecuencia, el único modo de convencer a un jurado que el acusado sabía que una operación era chueca es teniendo a un antiguo colega que lo diga.
Un modo común de reclutar a colaboradores es nombrar a muchos de los colegas de un acusado como “cómplices conspiradores no acusados formalmente”.
La inquietud sobre el poder de los fiscales está creciendo. En varios estados ahora se requiere corroboración de la versión de los hechos ofrecida por un colaborador por una tercera parte o se ha prohibido el testimonio de colaboradores que tienen problemas de drogas o de salud mental. El Juez Rakoff propone dos reformas: eliminar las condenas mínimas obligatorias y reducir el papel de los fiscales en las negociaciones de reducción de sentencia a cambio de una declaración de culpabilidad—trayendo, por ejemplo, a un juez adjunto para que actúe como intermediario. No obstante, él ve el uso de los colaboradores domo un “mal necesario’, a pesar de que muchos países no lo ven con buenos ojos.
Hay grupos de fiscales que le han rogado al Sr. Holder que no presione suavizar las condenas mínimas obligatorias, sosteniendo que “son un instrumento crítico para persuadir a los acusados para que colaboren”. Algunos defienden el status quo sobre fundamentos de pragmatismo: sin tratos para lograr colaboración ni negociaciones de las sentencias, sosteniendo que el sistema se desplomaría bajo el peso de juicios adicionales. Esta semana, Jerry Brown, el gobernador de California vetó un proyecto de ley que les hubiera permitido a los jueces informarles a los jurados si los fiscales a sabiendas estaban reteniendo medios de prueba exculpatorios.
La mayoría de los fiscales son honestos, trabajan duro y reciben pagos modestos. Pero ellos han acumulado tanto poder que el abuso es inevitable. Como dijo Jackson hace ya tantos años: “Aunque el fiscal en su mejor actuación es una de las fuerzas más benefactoras en nuestra sociedad, cuando él actúa con maldad o por otros motivos ignominiosos, él es uno de los peores”.