Esta es una versión resumida de un artículo que leí en el diario New York Times por Nicholas D. Kristof sobre las prisiones y los servicios de salud. Mi respuesta sigue al artículo.
En un momento en el que nosotros los americanos posiblemente abandonemos la reforma a los servicios de salud porque supuestamente resulta “demasiado cara,” ¿cómo es posible que si contemos con recursos para encarcelar a gente como Curtis Wilkerson?
El Sr. Wilkerson está sirviendo una sentencia de cadena perpetua – por robarse un par de medias de un valor de US $2.50. Según indicó la revista The Economist, él ya tenía dos ofensas en su historial (ambas por instigar robo a la edad de 19 años), y por ende la “ley de los tres strikes” resultó en una cadena perpetua.
Esto es injusto, por supuesto. Pero también es un desperdicio de dinero extraordinario, considerando que California gasta cerca de US $49,000 anualmente por preso.
Sorprendentemente, muchos políticos parecen pensar que deberíamos liderar al mundo en materia de prisiones, no en los servicios de salud o en la educación. Estados Unidos es anómalo entre los países industrializados debido a la alta proporción de la población que encarcelamos. Asimismo, sobresalimos en la alta proporción de gente que no cuenta con ningún tipo de servicios médicos – y como resultado, en parte, nuestras estadísticas de salud como la esperanza de vida y la mortalidad infantil son inusualmente bajas.
Es hora de llevar a cabo una reevaluación fundamental del sistema de justicia criminal, tal como se propone en la legislación patrocinada por el senador Jim Webb, para que ya no estemos gastando dinero que sería mejor gastado en la educación o la salud. Considere unos pocos datos:
• Estados Unidos encarcela gente a una tasa de más de cinco veces el promedio mundial. De aquellos sentenciados a cárceles estatales, el 82 por ciento fueron convictos por crímenes no-violentos, de acuerdo a un estudio.
• California gasta más de US $216,000 anualmente por cada preso en el sistema de justicia juvenil. En contraste, California gasta apenas US $8,000 por cada niño asistiendo al problemático sistema público escolar de Oakland, de acuerdo a Urban Strategies Council.
• Durante la mayor parte de nuestra historia, Estados Unidos tuvo tasas de encarcelamiento similares a aquellas de otros países. Después, con la “guerra contra las drogas” y el enfoque en la ley y el orden en los 1970s, las tasas de encarcelamiento escalaron.
• Uno de cada diez hombres negros entre los 25 y 29 años de edad fue encarcelado el año pasado, en parte porque la posesión de cocaína crack (usada desproporcionadamente en las comunidades negras) conlleva una sentencia equivalente a 100 veces la misma de la cocaína en polvo. Los hombres negros en Estados Unidos tienen una probabilidad del 32 por ciento de servir una condena en prisión en algún momento de sus vidas, de acuerdo a The Sentencing Project.
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Estimado Mr. Kristof,
Su columna reciente sobre las prisiones y los costos le dio al blanco. Soy abogado de defensa criminal y nunca he entendido por qué el gobierno federal no aprovecha su autoridad para implementar procedimientos de deportación temprana para delincuentes no-violentos en el sistema federal. Programas de deportación temprana han sido implementados en estados que quieren eliminar su población de delincuentes no-violentos sujetos a la deportación, cuya manutención cuesta de US $25,000 a $50,000 al año. El Estado de Nueva York emplea ésta medida y funciona muy bien. Pero el programa no se ofrece en todos los estados, y no existe en el sistema penal federal.
Corredores de drogas son arrestados todos los días en ciudades principales en las que existen aeropuertos internacionales. Y las Pautas de Sentencia Federales exigen sentencias basadas en cantidad (por ejemplo, por 1 kilo de cocaína usted es sentenciado a un periodo de X tiempo), a pesar de que la cantidad tiene que ver muy poco con la culpabilidad de los corredores de drogas. Los corredores y aquellos que se les asemejan (e.g. los guardias de casas de depósitos clandestinos, los mensajeros de envío de dinero, y los conductores de camiones) son todos peones en una cadena impulsada por la pobreza (después de todo, ¿quien se traga un condón relleno con un kilo de heroína excepto los desesperados?). Mas todos ellos están recibiendo una gran cantidad de tiempo, ocupando espacio y camas y recibiendo servicios médicos gratuitos, cuando más bien pudieran ser deportados a sus países para nunca volver a pisar territorio americano luego de servir la mitad de sus sentencias.
Si, algunos de ellos regresan, pero la ley federal estipula sanciones severas para aquellos que reentran ilegalmente, especialmente para aquellos convictos de “delitos agravados.” Los dineros ahorrados podrían ser millones y colectivamente, en un número de años, podrían ser billones. Es verdad que el número de empleos en prisiones decaería y la construcción de prisiones podría sufrir, pero no es razón para retener a presos sujetos a la deportación innecesariamente en nuestras prisiones.
El retener delincuentes no-violentos sujetos a la deportación es un eco de aquel tiempo en el que queríamos ser “duros contra el crimen,” pero es un lujo que no nos podemos dar ahora. Los gobiernos federales y estatales ambos tienen que aprovechar los programas de deportación temprana y usar el dinero ahorrado para invertirlo en nuestras comunidades.
David Zapp, Abogado