Un artículo por Robert Gangi, el director ejecutivo de la Asociación Correccional de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro, fue publicado recientemente en el New York Times. A continuación están porciones del artículo que considero relevantes al sistema federal de prisiones. Mis comentarios editoriales están en corchetes.
El pasado miércoles se pusieron en efecto reformas a las infames leyes antidrogas Rockefeller, lo que le permite a jueces reducir los términos de encarcelamiento de algunos infractores no violentos. Esta medida reducirá la población carcelaria de Nueva York, la cual ya se ha ido reduciendo en los últimos 10 años.
Sin embargo, principalmente debido a la oposición del sindicato de oficiales de corrección y de políticos de las áreas del norte del estado, donde se encuentra la mayoría de los centros correccionales, el estado se ha tardado en cerrar cárceles. Sólo recientemente en este año los formuladores de políticas en Albany tuvieron el valor de cerrar tres campos de prisión y siete anexos a prisiones—un total de 2.250 cupos de prisión—debido a que confrontaban una crisis fiscal. Esta medida está proyectada a ahorrar $52 millones de dólares en los próximos dos años.
[Sin duda las prisiones de contrato y las prisiones administradas por empresas privadas van a oponerse a los cierres continuados porque están en el negocio de encarcelamiento con ánimo de lucro.]
Hay otras formas de [que la Administración Federal de Prisiones pueda] reducir la población de las prisiones. Para comenzar, los legisladores podrían repeler las provisiones de sentencias mandatorias que permanecen en los libros. También podrían incrementar el número de participantes en libertad condicional para trabajar. En 1994, más de 27.000 personas [en el sistema estatal de Nueva York] participaron en este programa de eficacia comprobada, el cual les ayuda a navegar la transición de regreso a sus comunidades. Hoy en día, cerca de 2.500 personas están registradas.
Adicionalmente, el[/los] estado[s], [no el sistema federal porque no hay libertad condicional en el sistema federal] podría reducir el número de gente que regresa a la prisión por violaciones técnicas a los términos de la libertad condicional, como por ejemplo faltar a una reunión con un oficial o incumplir el límite de horario. El año pasado, esto le sucedió a más de 9.000 personas … [E]legibilidad al llamado tiempo meritorio, el cual reduce términos de encarcelamiento de presos a aquellos que completen programas educativos entre otros, podría [implementarse en el sistema federal, y hasta] expandirse a gente convicta de ofensas violentas [siempre y cuando éstas hayan ocurrido] muchos años atrás.
[Para presos extranjeros, los programas de intercambio de presos deben ser utilizados liberalmente y explorados vigorosamente cuando éstos no existan entre dos países. Es increíble que Colombia y México ambos carezcan de tales tratados y que el tratado de intercambio de presos entre México y Estados Unidos sea usado a regañadientes. La deportación temprana también debe ser utilizada liberal y eficientemente. Por ejemplo, los presos que cometan crímenes no violentos, tales como ser mensajeros de drogas, deberían ser elegibles para la deportación después de cumplir la mitad de su condena. Lay ley estadounidense le permite al Fiscal General de Estados Unidos implementar este tipo de programa de deportación temprana, pero nunca ha ejercido este poder. El número sustancial de traficantes de drogas que controlan o de otra manera supervisan el tráfico de narcóticos es minúsculo comparado al número de dientes en la rueda de narcotráfico que aprieta el sistema federal de prisiones.]
En conjunto, estas acciones podrían cortar las listas de las prisiones [federales], permitiendo [a la Administración Federal de Prisiones] eliminar el abarrotamiento de presos, así como cerrar [varias] prisiones del tamaño de Attica [en el estado de Nueva York], en la cual se alojan 2.100 presos, o bien un [gran] número de centros más pequeños.
Después de que Nueva York pasara las leyes antidrogas Rockefeller en 1973, un movimiento a favor de las sentencias mínimas mandatorias barrió con todo el país, elevando la población nacional de prisiones de 300.000 a casi 2,4 millones. Este experimento en encarcelación masiva fue un fracaso. No existe evidencia conclusiva de que mejoró la seguridad pública y algunos estudios sugieren que pasar tiempo en prisión hace más violenta a la gente. Se gastaron billones de dólares por año. Y se devastaron comunidades minoritarias de bajos recursos de donde provienen la mayoría de nuestros presos.
Reducción a la población carcelaria—ahorro de dinero.