El siguiente es un artículo de opinión relacionado con una sentencia que tuvo lugar en el Distrito del Este de Nueva York. Procesos de sentencia similares suceden en todos los tribunales de los Estados Unidos. No todos los jueces son compasivos, pero aun los jueces más conservadores tratan de hacer lo que ellos piensan es correcto, y la equidad es un principio acogido por ambos lados del espectro judicial. El juez en este caso no es considerado como un juez “liberal.” Antes de ser juez, él fue un fiscal de tiempo completo. No obstante, lo justo es lo justo, y él lo reconoce cuando lo ve. Y cuando lo hace, él se lo dice.
“Fui forzado por una ley que no debió haber sido invocada para imponer un término de encarcelamiento de cinco años.”
Cuando la gente piensa en errores en la administración de justicia, generalmente piensan en situaciones extraordinarias, especialmente en esta era de exoneraciones de ADN, en las cuales personas totalmente inocentes han sido liberadas en números significativos después de pasar un tiempo largo en prisión. Pese a que esos casos disturban, la verdad es que casi todo el tiempo, los errores en la administración de la justicia ocurren en dosis pequeñas, en casos que envuelven a acusados culpables. Eso hace que sea más fácil ignorarlos. Pero cuando estos errores se multiplican por los miles de casos en los que ocurren, tienen un mayor impacto en nuestro sistema de justicia criminal que los otros casos sobre los que usted lee en los periódicos o escucha en el programa de televisión 60 minutos. Este caso es un buen ejemplo.
¡Uy! Ese es un tremendísimo párrafo inicial para una opinión de sentencia. Entremos en detalle en el caso para ver qué precipitó al Juez Gleeson a escribirlo. Como el lector puede apreciar, el Juez Gleeson tiene algunas opiniones bastante fuertes concernientes a las sentencias mínimas obligatorias y la manera en que estas ponen una red demasiado amplia. Y él tiene unas pocas palabras reservadas para los fiscales que las usan.
Antecedentes del acusado – El acusado se retiró del colegio en el noveno grado. Al poco más de veinte años, él había adquirido alguna experiencia en el arreglo de carros y camiones. El también había adquirido una adicción a la cocaína. En aproximadamente 1994, él comenzó una turbulenta relación con una mujer. Ellos se casaron y tuvieron tres hijos. Durante ese tiempo, él sufrió múltiples episodios de depresión. Cuando la relación terminó en el 2004, debido a la infidelidad de su esposa, el acusado intentó suicidarse. El estuvo dos meses en el hospital, donde recibió medicamentos para la depresión y el trastorno bipolar.
Aparte del tráfico de drogas que lo llevó a la convicción en este caso (descrito abajo), toda la historia criminal del acusado tiene que ver con su relación con su ex esposa. Después de que el hospital le dio de alta, ella no le dejó ver a sus hijos. La reacción de él fue amenazarla con un cuchillo delante de los niños. Aunque a él lo absolvieron condicionalmente, él no se atuvo a las condiciones; seis meses después, él violó una orden de protección, y la amenazó de muerte. Esta conducta resultó en 60 días de cárcel por el caso de amenaza anterior, y 60 más por el desacato de la orden de protección. Un año después, en junio de 2006, el acusado una vez más se presentó a la casa de su ex mujer sin permiso. El fue convicto de acoso y recibió otra absolución condicional.
En el 2005, el acusado conoció a otra mujer. Ellos vivieron juntos y disfrutaron de una relación estable hasta el 2009, cuando el acusado fue arrestado por el caso presente. Ellos tienen una hija de tres años, y la hija de ocho años de una previa relación de la novia del acusado también vive con ellos. El acusado trabajó continuamente durante ese periodo.
La ex esposa del acusado continuó negándole el acceso a sus tres hijos. Esto produjo una situación demasiado estresante para el acusado, quien estaba cumpliendo con su obligación de manutención infantil ordenada por la corte. Aunque él había dejado de usar drogas después de que conoció a su novia actual y empezó a vivir con ella, el estrés continuo de su situación con su ex esposa y sus hijos lo llevó a una recaída en el 2008, cuando comenzó a usar cocaína de nuevo. Ese suceso formó la base de su envolvimiento en su ofensa de convicción.
Para sostener su hábito costoso de cocaína, el acusado comenzó a trabajar en 2008 para uno de sus hermanos mayores, un narcotraficante y su coacusado en este caso. Desafortunadamente para ambos, el gobierno estaba interceptando las llamadas telefónicas de miembros del negocio. Esas llamadas identificaban al acusado como un participante menor en la organización de su hermano. Más específicamente, “la investigación del gobierno reveló que, en general, el acusado era un distribuidor de nivel de la calle en la organización de su hermano, con solamente ocasional y menor participación en las actividades más amplias de la organización.” En los seis a ocho meses en los que estuvo envuelto en el negocio para costear su hábito, el acusado personalmente asistió en la distribución de 300 gramos de heroína. El supo de la distribución de 350 gramos adicionales por otros, así que él fue responsable de 650 gramos, según las Pautas.
Después de su arresto, el acusado trató de cooperar con el gobierno. El proveyó información sobre dos individuos, pero no pudo ser corroborada. Como el fiscal declaró cuando el acusado compareció por primera vez para ser sentenciado: si él “hubiera tenido más información, el hubiera recibido una” moción de ayuda sustancial.
El cargo – De acuerdo al Juez Gleeson, el Gobierno básicamente sobrecargó al acusado. Específicamente:
El gobierno tuvo el poder de acusar al acusado por un cargo de narcotráfico estándar, el cual lleva una sentencia máxima de 20 años. En vez de eso, éste lo incluyó en un cargo de conspiración con su hermano y tres otros y citó una provisión que incrementa la sentencia que conlleva un máximo de cadena perpetua y un periodo mínimo mandatario de diez años al ser convicto. Durante las negociaciones de culpabilidad, el gobierno se rehusó a revocar ese cargo a no ser que el acusado se declarara culpable de un cargo con refuerzo de sentencia menor incluido que llevaba a un máximo de 40 años y un mínimo obligatorio de cinco años.
El efecto de las leyes de sentencia de drogas en el acusado – De acuerdo al Juez Gleeson, las leyes de drogas (sobre las cuales él ofrece un excelente recuento) tienen un impacto dramático en el acusado. Como la Corte describió:
El segundo resultado de este régimen se aprecia en alto relieve en este caso. Si ellos quisieran, los fiscales pueden decidir que acusados del nivel de la calle como el acusado en este caso—frutos al alcance de la mano para las fuerzas de orden público—deben recibir las sentencias duras que el Congreso designó para los capos y los gerentes, sin importar cuantos otros factores existen a favor de sentencias menos severas. El gobierno concede, como debe, que el acusado jugó un rol menor en la operación modesta de drogas de su hermano, no el nivel mediano gerencial que la sentencia obligatoria de cinco años fue diseñada para castigar. De hecho, el gobierno argumenta que la computación de las pautas en el caso del acusado incluye una reducción de dos niveles debido a su rol mitigante en la ofensa. Véase Manual de Pautas de Sentencia de EE.UU. 3B1.2(5). Pero, por simple virtud de invocar la provisión de refuerzo de la sentencia del estatuto, el gobierno ha dictado la imposición de la sentencia severa designada solamente para aquellos con un rol agravante.
¿Que puede hacer un juez? – A la hora de imponer la sentencia, la Corte asumió un rol de activista, expresando su desagrado con la posición del Gobierno y pidiéndole al Gobierno que reconsiderara dicha posición. Ultimadamente, el Gobierno se rehusó, lo que resultó en un Juez Gleeson nada contento. Específicamente:
Cuando el caso fue llamado para sentencia, yo señalé lo obvio: la sentencia obligatoria de cinco años en este caso sería injusta. La fiscal estuvo de acuerdo, y aceptó mi dirección de que volviera al Fiscal de los Estados Unidos con una petición de la corte de que retirara el aspecto del cargo que requería la imposición de un mínimo de cinco años. Ella pidió un par de meses para argumentar a favor del abandono del refuerzo de la sentencia.
La fiscal apareció de nuevo, acompañada por un supervisor. Ella reportó que el Fiscal de los Estados Unidos no cedía. Ella ofreció dos razones. La primera fue que yo pude no haberme enfocado en el hecho de que el acusado había “recibido un empujón hacia abajo,” lo que quiso decir que a él se le permitió declararse culpable del mínimo mandatorio de cinco años en vez del mínimo obligatorio de diez años que originalmente se le imputo a él, a su hermano, y a tres otros coacusados. Creo que esto quiere decir que el acusado debería estar agradecido de que el gobierno no insistió en una sentencia mínima obligatoria de diez años con base en las cantidades adicionales de cocaína sobre las cuales, el gobierno concede, el acusado nunca supo, y de las que no se le puede hacer responsable bajo las pautas, presumiblemente bajo la teoría de que otros miembros de la misma conspiración manejaron esas cantidades. Supongo que hay algún consuelo en el hecho de que el gobierno no siguió esa ruta absurda, lo que hubiese producido una injusticia aun más inaudita si el acusado hubiera sido convicto. Pero eso en nada explica, ni mucho menos justifica, la insistencia del gobierno en la injusticia en cuestión.
Segundo, la fiscal sugirió que yo había fallado al no “enfocarme” en la seriedad de los crímenes del acusado en contra de su ex esposa. Implícita en esa aserción es la contención de que aun si el acusado no mereciera el mínimo de cinco años porque él no era un gerente de nivel medio de una empresa de drogas, él lo merece por sus crímenes pasados. Esto suena bastante vacío. Esos crímenes pasados han estado al frente y centro en todo momento, no solo porque hacen al acusado inelegible para el desagravio de la disposición de salvaguarda que lo libraría de la sentencia mínima obligatoria, pero también porque hubo un litigio sobre cuantos puntos de antecedentes penales dichos crímenes merecían. Cuando el acusado compareció por primera vez para ser sentenciado, ambos temas fueron discutidos. Y cuando la fiscal tomó la posición de que los puntos de antecedentes penales asignados al pasado del acusado sobrevaloraban la gravedad de esos crímenes, lo cual justificaba una rebaja, tampoco pareció que ella dejara de enfocarse en ellos. De cualquier forma, yo no lo hice.
Reconozco que el Fiscal de los Estados Unidos no requiere explicar a los jueces las razones por decisiones tales como ésta, y por ese motivo no pedí que lo hiciera. Pero las que me ofrecieron voluntariamente no pasan ni el más leve escrutinio.
La sentencia y la explicación de la sentencia – El Juez Gleeson no estuvo nada satisfecho con tener que imponer una sentencia mínima obligatoria de 5 años. De hecho, él lo vio como una de esas “injusticias pequeñas” que él describió en el párrafo inicial de su opinión sobre la sentencia. Como la Corte lo explicó (añadí algunas separaciones de párrafos para facilitar la lectura):
Como resultado de la decisión de insistir en una sentencia mínima obligatoria de cinco años, no hubo ningún juzgamiento a la hora de sentenciar al acusado. Aunque en teoría yo podría haber considerado una sentencia de más de 60 meses, hasta el fiscal reconoció que tan ridículo esto hubiera sido, y pidió una sentencia de 60 meses. Pero el rechazo del fiscal de permitir consideración de una sentencia más corta terminó el asunto, negando la relevancia de todos los otros factores que deberían haber sido considerados para llegar a una sentencia justa.
La infancia difícil del acusado y su lucha durante toda su vida con la enfermedad mental estuvieron fuera de alcance, así como lo estuvieron las circunstancias que llevaron a su participación menor en el negocio de su hermano (es decir, era para cubrir su adicción, no para llegar a ser un empresario con intereses propietarios en las drogas), el hecho de que él trato de cooperar pero no estuvo lo suficientemente envuelto en el comercio de drogas para ser de alguna ayuda, el efecto de su encarcelamiento en su hija de tres años y en la niña de ocho años de su novia que él está criando como la suya propia, el hecho de que él ha sido un buen padre para ellos por los últimos cinco años, el hecho de que todas sus convicciones anteriores tienen que ver con el hecho de que su ex-esposa no le permite ver a sus tres hijos.
Imponer sentencias no es una ciencia, y no pretendo ser mejor que cualquier otro en asimilar estos y numerosos otros factores, ambos agravantes y mitigantes, que legítimamente afectan una sentencia apropiada. Pero hago mi mejor esfuerzo por hacer eso, y al hacerlo por hacer justicia al individuo delante de mí y a nuestra comunidad. En este caso, esos esfuerzos hubieran resultado en un término de encarcelamiento de 24 meses, seguidos por un periodo de cinco años de supervisión con condiciones incluyendo otras formas de castigo (detención domiciliaria y servicio comunitario), así como esfuerzos por asistir al acusado con los problemas que lo han atormentado, en alguna forma u otra por toda su vida, de salud mental, abuso de substancias intoxicantes, y manejo de la ira. Si él fallara en hacer esos esfuerzos, o si, por ejemplo, él intencionalmente hubiera contactado a su ex esposa sin la autorización previa de su oficial supervisor, él podría haber sido devuelto a la cárcel en este caso.
La sentencia mínima obligatoria en este caso suplantó cualquier esfuerzo por hacer justicia, reemplazándolo por el bate pesado que fue designado explícitamente para gerentes de nivel medio de operaciones de drogas. La ausencia de harmonía entre el crudo método de castigo y el conjunto particular de circunstancias para mí fue conspicuo; cuando yo impuse la sentencia al debilitado y sollozante acusado, todos los presentes, incluyendo la fiscal, pudieron sentir la injusticia.
Conclusión – Las palabras del Juez Gleeson lo dicen todo:
En suma, aunque estoy obligado por ley a proveer una declaración de las “razones” por cada sentencia que impongo, en este caso solo hubo una: fui forzado por una ley que no debió haber sido invocada para imponer un término de encarcelamiento de cinco años.
* De la Second Circuit Sentencing Blog