El sistema de justicia criminal estadounidense necesita reparación. Las prisiones están sobreocupadas, las políticas de sentencia son inconsistentes y frecuentemente injustas, los ex reclusos son incorporados a la sociedad de manera deficiente, y el problema de violencia de pandillas no ha recibido la atención que merece. Por estas y otras razones, el proyecto de ley introducido la semana pasada por el senador Jim Webb, demócrata del Estado de la Virginia, debe recibir alta prioridad en el calendario del Congreso.
Dicho proyecto de ley, el cual cuenta con apoyo bipartidista contundente, establecería una comisión nacional con el fin de evaluar el sistema de arriba abajo. Una comisión con este propósito es ya tardía, y debe ser establecida cuanto antes.
Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelación reportada en todo el mundo. Por primera vez en la historia, más de uno de cada cien adultos están ahora tras las rejas. La tasa de encarcelación ha ido incrementando a un paso mayor que la tasa del crimen. Esto se debe a pautas de sentencia como aquella para reincidentes de acuerdo con la ley de Three Strikes, o Tres Golpes, la cual impone largas sentencias, frecuentemente en desproporción con la seriedad de la ofensa.
Este problema es una gran prioridad en estos momentos, porque el encarcelamiento innecesario de personas no es solo injusto sino también demasiado costoso. Al reducir los costos de encarcelamiento, los estados y localidades oprimidos tendrán más dinero para asistir a los desempleados, proteger empleos de profesores y policías, y mantener hospitales en operación. En las dos últimas décadas, los estados han aumentado drásticamente sus gastos de correcciones, en más de 127 por ciento, de acuerdo a un reporte publicado por Pew Charitable Trusts.
Al mismo tiempo que los gobiernos malgastan dinero colocando tras las rejas a las personas equivocadas, la actividad pandillera ha ido escalando, siendo responsable por hasta un 80 por ciento del crimen en algunas partes del país.
La Comisión seria constituida de expertos destacados en justicia criminal, quienes serían encargados de examinar el rango de políticas que han surgido de forma fortuita en todo el país, y recomendarían reformas. Además de considerar problemas obvios como las condenas, la comisión prestaría escrutinio imprescindible a asuntos como los obstáculos que el sistema les impone a los enfermos mentales, así como el vergonzoso problema de la violencia en las prisiones.
La administración de las prisiones y el tratamiento de los reclusos necesitan atención especial ahora que el proyecto de ley Prison Litigation Reform Act (Ley de Reforma de Litigios de Prisión) ha reducido drásticamente la capacidad de los presos de defender sus derechos en la corte. De hecho, la comisión debería hacer lo posible por recomendar que la ley sea modificada o abrogada. El Sr. Webb ha ganado el apoyo no solo de los senadores demócratas de más alto rango, incluyendo al líder mayoritario, Harry Reid, sino también el de republicanos influyentes como Arlen Specter, el miembro minoritario adjunto en el Comité Judicial del Senado, y Lindsey Graham, miembro adjunto del subcomité de crimen y drogas.
Hasta ahora no hay un proyecto de ley acompañante en la Cámara de Representantes, y hace falta que uno sea escrito. A juzgar por el apoyo bipartidista en el senado, se ha establecido un consenso en el senado de que el sistema de justicia criminal está quebrado.