Editorial del diario The New York Times publicado el 1 de enero de 2013
Cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, esta dijo que habían dos propósitos sociales para la imposición de la pena capital por los crímenes más atroces: la disuasión y la retribución. En meses recientes, estas justificaciones de un castigo cruel y no civilizado han sido seriamente socavadas por un grupo cada vez mayor de jueces, fiscales, peritos y otros involucrados en el derecho penal, tanto conservadores como liberales.
Un comité distinguido de peritos convenido por el Comité Nacional de Investigación encontró que no existen pruebas útiles para determinar si la pena de muerte logra disuadir la comisión de delitos graves. Muchos eruditos de primera clase han tratado de probar la teoría de la disuasión, pero dicha investigación “no informa si la pena de muerte tiende a aumentar, disminuir, o no tiene ningún efecto sobre el homicidio,” dijo el comité.
Una multitud de otros expertos eminentes también ha concluido que la cadena perpetua es una forma más práctica de retribución, dado que el proceso de la pena de muerte es demasiado costoso, demasiado prolongado y no es aplicado equitativamente.
El castigo está supuesto a ser reservado para los peores criminales, pero docenas de estudios en numerosos estados han mostrado que el proceso para decidir quién es enviado al pabellón de la muerte es arbitrario y discriminatorio.
Gracias a la organización Innocence Project (Proyecto Inocencia) y la anulación de 18 convicciones erróneas de presos en el pabellón de la muerte por medio de pruebas de ADN y las exoneraciones de 16 otros acusados de delitos punibles por la pena de muerte, el público estadounidense cada vez se encuentra más conciente de que el sistema comete errores terribles. Desde 1973, un total de 142 personas hubiesen sido liberadas del pabellón de la muerte después de haber sido exoneradas por ADN u otros tipos de pruebas.
Todos estos factores han llevado a que los estados se distancien de la pena de muerte en años recientes, tanto en la ley como en la práctica.