En Rodriguez v. United States, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito devolvió la causa al tribunal de distrito para que oyera pruebas sobre la solicitud de una acusada de que se anulara su admisión de culpabilidad basándose en que ella no se hubiera declarado culpable si su abogado la hubiera asesorado adecuadamente sobre sus consecuencias de inmigración.
Esta decisión en sí no es sorprendente. La mayoría de los abogados defensores saben que los que poseen una tarjeta verde (residentes legales) y otros que no son ciudadanos estadounidenses y están legalmente en este país están sujetos a una deportación basada en la mayor parte de los fallos condenatorios, y los propios jueces casi siempre se lo dicen a los acusados que no son estadounidenses antes de aceptar sus declaraciones de culpabilidad.
Pero lo que la mayoría de los abogados defensores no saben, y entre ellos me incluyo, es que los ciudadanos naturalizados también corren un riesgo de deportación si su conducta ilícita fue perpetrada en parte antes de que se convirtieran en ciudadanos naturalizados. Esto se debe a que los ciudadanos naturalizados antes de la naturalización tienen que jurar que nunca han cometido un acto ilegal contra los Estados Unidos, y si sale a relucir que lo hicieron, se les puede despojar de su ciudadanía basándose en esa mentira.
La acusada aquí estuvo envuelta en una estrategia fiscal, que había comenzadoantesde que se hiciera ciudadana de los Estados Unidos y posteriormente continuó envuelta en ese plan ilegal. Pero con la misma facilidad esto le podría haber pasado a un participante en una conspiración de drogas que comenzó antes de la naturalización y continuó después. De modo que este tipo de situación se puede aplicar a todo delito continuado y los abogados defensores deben ser sabios y estar alertas sobre esta situación en sus propios casos. Si la encararan, las negociaciones para una declaración de culpabilidad son cruciales y es necesario excluir de cualquier convenio declaratorio la actividad que precedió a la ciudadanía.
En esta causa, el tribunal de apelaciones concluyó que había una probabilidad razonable de que, si ella hubiera sido asesorada adecuadamente, habría optado por no declararse culpable, y devolvió la causa al tribunal de distrito.
Este es “un cuento admonitorio para el colegio de abogados penales” ha dicho Harry Sandick, un fiscal anterior del Distrito Sur de Nueva York. “No es una victoria ayudar a un cliente a recibir una condena más breve si después le deportan de inmediato”.
David Zapp y Johanna Zapp son penalistas enfocados en narcotráfico, lavado de dinero, OFAC (Lista Clinton)
Gracias especiales a Harry Sandick por este artículo.